Madrid, 25 ago (EFECOM).- El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley Defensa de la Competencia, que mantiene para el Ejecutivo la "última palabra" en las decisiones referidas a fusiones y concentraciones de empresas, aunque será algo "residual", según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, la vicepresidenta aseguró que la nueva norma, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria y estará en vigor "antes del año que viene", contribuirá a conseguir un mercado "más libre, competitivo y plural".
La futura ley, que adapta la normativa española a la europea, establece la creación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que integrará a los actuales Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).
El objetivo de esta nueva estructura es asegurar la independencia de esta institución con respecto al Gobierno y la separación entre el órgano de instrucción, la Dirección de Investigación, y el de resolución, el Consejo.
Según De la Vega, ello redundará en una mayor "agilidad administrativa e independencia".
Aunque la CNC será el órgano competente para adoptar las decisiones sobre las operaciones de concentración, el Gobierno podrá intervenir, "de forma motivada y por razones de interés general".
Así, aunque el Gobierno tendrá "la última palabra", esta será "residual", según la vicepresidenta.
El presidente de la CNC también presidirá el Consejo, que tendrá con cuatro consejeros, la mitad el número de miembros que en la actualidad tiene el Tribunal de Defensa de la Competencia.
El nombramiento del presidente y de los consejeros, por un periodo de seis años no renovables, se decidirá en Consejo de Ministros, previa audiencia en la Comisión de Economía del Congreso.
La CNC elaborará informes sobre proyectos normativos relativos a la competencia e informes sectoriales, podrá impugnar los actos de las administraciones públicas contrarios a la competencia y tendrá mayor capacidad de informar y realizar recomendaciones sobre las ayudas públicas.
Además, el proyecto de ley aumenta la cooperación y la coordinación entre instituciones, refuerza la eficacia de la lucha contra las conductas restrictivas y modifica el régimen sancionador (introduce un mecanismo de clemencia para la exención o reducción de las sanciones). EFECOM
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