Economía.- PSOE pide al Tribunal de Cuentas que investigue las operaciones "irregulares" de las entidades nacionalizadas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE pedirá formalmente al Tribunal de Cuentas que investigue las operaciones "irregulares" que se hayan podido producir en las entidades bancarias que han sido nacionalizadas, de modo que se puedan poner en conocimiento del órgano correspondiente para que "se deriven actuaciones judiciales".

Así lo recogerá el portavoz adjunto de Economía de los socialistas en el Congreso, Antonio Hurtado, en las propuestas de resolución que presentará al 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria', que se debatirán y votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas del próximo martes.

"¿Qué pasa con estas operaciones? ¿Por qué el FROB no se ha implicado en esclarecer lo ocurrido y pedir responsabilidades? ¿Y en qué nivel están las acciones judiciales?", se pregunta el diputado cordobés, que cree que el organismo fiscalizador debería "investigar y, posteriormente, informar sobre las operaciones irregulares que han ocasionado pérdidas cuantiosas en entidades bancarias que necesitan ayudas públicas", de modo que la Justicia pueda investigarlas si así corresponde.

Además, Hurtado defiende la "necesidad y urgencia" de que el Gobierno tome medidas para "impedir estas irregularidades" en el futuro, pero cree también que el ente que preside Ramón Alvarez de Miranda debería "implicarse en esclarecer las operaciones irregulares que han dado lugar al agujero negro que ha tenido que taparse con dinero público y para que los responsables asuman las responsabilidades penales y civiles que correspondan según la ley".

Y es que en el informe del Tribunal de Cuentas se acusaba al FROB de falta de diligencia en su intervención en entidades como Catalunya Banc (CX) o Banco de Galicia, lo que podría habría tenido consecuencias en la situación de las entidades y, por tanto, un "perjuicio para su gestión ordinaria".

No obstante, Alvarez de Miranda también aseguró que el FROB ha emprendido o se ha personado en siete querellas en trámite respecto de Banco de Valencia, en otras dos en la CAM y en las diligencias previas que se han iniciado en relación a Novacaixagalicia y Caixa d'Estalvis del Penedés.

SEGUIMIENTO DEL RESCATE

Por otra parte, el PSOE también incluirá entre sus recomendaciones una petición para que el Tribunal de Cuentas especifique a qué cantidad ascienden las ayudas concedidas a las entidades bancarias que no van a recuperarse, y que informe sobre las condiciones que el Gobierno debe requerir para evitar pérdidas.

Además, insta al organismo fiscalizador a hacer un seguimiento de los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) y un análisis permanente de la evolución de sus riesgos "para informar periódicamente al Parlamento de sus resultados".

En este sentido, Alvarez de Miranda ya señaló durante la presentación de este informe que la normativa reguladora del sector financiero debería incluir exigencias de información periódica a las entidades que han recibido fondos públicos sobre el grado de cumplimiento de las condiciones que acompañaron a ese apoyo, como por ejemplo, la evolución de los riesgos asociados a los EPAs, dada la "repercusión económica que pueden tener en el futuro".

"La normativa debería haber previsto obligaciones formales de remisión de información para dar cuenta del cumplimiento de las condiciones subyacentes a esos apoyos, en particular de la evolución de los riesgos asociados a los EPA", llegó a decir, ofreciéndose en cualquier caso a presentar un informe sobre el coste final del rescate que incluya todos los años y todos los elementos que hasta ahora no se han tenido en cuenta, como el dinero recuperado con la enajenación de parte de las entidades o los costes de la Sareb.

Y es que según el documento aludido, entre 2009 y 2012 el Estado había destinado --directamente o mediante garantías que podrían materializarse en el futuro-- 107.913 millones de euros al rescate del sector bancario, de los cuales 57.004 millones fueron aportaciones de capital mientras que otros 28.667 millones son compromisos por los EPAs, cuyo grado de ejecución completo se conocerá en los próximos años hasta 2022.

No obstante, Alvarez de Miranda matizó que esa cantidad total es "sólo una recopilación de todos los costes, compromisos y aportaciones de dinero público a tener en cuenta" pero "no equivale al coste neto de las aportaciones públicas a los procesos de reestructuración", que "sólo se podrá conocer cuando finalicen los procesos" de reestructuración y cuya determinación no era un objetivo específico de esta fiscalización", que pretendía "presentar resultados concretos en un tiempo razonable".

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