MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, anunció hoy que en esta legislatura se modificará la Ley de Seguridad Aérea con el objetivo de "mejorar el procedimiento sancionador" a los operadores que cometan infracciones contra los derechos de los pasajeros en los casos de 'overbooking', retrasos o cancelaciones.
Durante su primera comparecencia de la legislatura ante la Comisión de Fomento del Congreso, Alvarez explicó que se incrementarán las inspecciones y la información facilitada a los ciudadanos sobre sus derechos, además de reforzarse la coordinación y colaboración con organismos y entidades con competencias en esta materia.
La ministra destacó la preocupación de su departamento por la seguridad aérea, y avanzó que pondrá en servicio 20 instalaciones de ayuda a la aproximación (ILS) en los próximos cuatro años, hasta un total de 41, lo que permitirá "disminuir las cancelaciones o desvíos a otros aeropuertos".
En este sentido, la titular de Fomento recordó que próximamente entrará en funcionamiento la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuyo Estatuto fue aprobado el pasado mes de febrero.
NUEVAS TERMINALES PARA EL PRAT.
La ministra reiteró que su departamento centrará su prioridad en política de aeropuertos en la ampliación y modernización del aeropuerto de El Prat, que contará con una inversión de 5.000 millones de euros y a partir de 2009 dispondrá de una nueva Terminal Sur, que se unirá a las obras de remodelación de la Terminal Norte y las de un nuevo Teminal Satélite.
Alvarez señaló que el aeropuerto catalán es uno de los que tiene la "inversión más importante" de la Unión Europea, que permitirá convertirlo en un "importante 'hub'" para vuelos intercontinentales.
Asimismo, Alvarez añadió que se potenciarán los aeropuertos con mayor impacto turístico, en especial los de Málaga, Alicante y Valencia, Canarias y Baleares, que se combinarán con inversiones en el resto de aeropuertos de la red para mejorar su capacidad y operatividad.
En este sentido, se mejorarán las inspecciones y la información facilitada a los ciudadanos sobre sus derechos, además de reforzarse la coordinación y colaboración con organismos y entidades con competencias en esta materia.
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