Economía.-CiU supedita su apoyo al cambio del fondo de proveedores a que ayuntamientos y CC.AA. no tengan más exigencias

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Convergència i Unió (CiU) condiciona su apoyo al proyecto de ley del Gobierno para cambiar de personalidad jurídica el fondo de pago a proveedores a que no se introduzcan nuevas exigencias de ajuste para los ayuntamientos y las comunidades autónomas que se beneficien de la modificación de las condiciones para devolver los préstamos.

Así se recoge en la enmienda de totalidad con texto alternativo que los nacionalistas catalanes han presentado al proyecto de ley de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que será debatida por el Pleno del Congreso el próximo jueves y que es el único veto registrado a esta norma, que deberá tramitarse por la vía de urgencia.

En la justificación de la enmienda, que recoge Europa Press, CiU reconoce compartir "plenamente" el proyecto de ley, cuyo contenido mantiene íntegramente, pero defiende la introducción de una nueva disposición para garantizar que la revisión de las condiciones financieras de los préstamos concedidos a las entidades locales para pagar a sus proveedores "no podrá quedar condicionada a la adopción de medidas administrativas adicionales ni a la condición u obligación de adhesión a cualquier plataforma administrativa".

MAS CARENCIA Y MENOS INTERESES

Y es que el pasado 8 de mayo, tras reunirse con la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que se mejorarán las condiciones financieras para que comunidades autónomas y ayuntamientos devuelvan los créditos de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, con medidas como reducir los tipos de interés o ampliar los plazos de carencia.

Sin embargo, CiU recuerda que un reciente acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos prevé que todas las administraciones que soliciten la revisión de sus préstamos para mejorar sus condiciones deberán adoptar medidas como adherirse automáticamente al punto general de entradas de facturas electrónicas de la Administración central y a la plataforma 'Emprende en 3', sustituir inmediatamente al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad por declaraciones responsables, o elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local incompatibles con la unidad de mercado.

Unas exigencias que los nacionalistas catalanes rechazan porque "perjudicarían" a las administraciones territoriales, "condicionarían" su autonomía política y, además, conllevarían un coste que "minimizaría" el ahorro conseguido por los menores costes financieros derivados de la revisión de los préstamos.

Por eso, quieren que se incluya la mencionada disposición con el objetivo de "garantizar que los menores costes financieros reviertan íntegramente en menores costes financieros para las administraciones titulares de los préstamos y en una mayor flexibilidad, sin acarrearles nuevas obligaciones, con sus respectivos costes".

"CiU pretende garantizar por ley que el Gobierno no va a utilizar la revisión de las condiciones financieras para imponer obligaciones administrativas que hasta el momento otras leyes se han abstenido de imponer", insiste la enmienda de totalidad.

TRANSFORMACION JURIDICA

El proyecto de ley de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de abril, pretende extinguir y liquidar el anterior mecanismo con personalidad jurídica propia y transformarlo en un instrumento de gestión adecuado a la nueva situación derivada de haberse completado en febrero la última fase de este mecanismo.

Según el Gobierno, este cambio permitirá fortalecer la gestión del fondo, simplificando el proceso de decisiones y la eficiencia de su gestión, así como facilitar una mayor integración y coordinación de la gestión del pasivo del Estado y del activo del Fondo --préstamos a Comunidades Autónomas y Entidades Locales-- con los procedimientos y demás mecanismos gestionados por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, se refuerza la credibilidad de la Ley Orgánica del Control de la Deuda Comercial del Sector Público, como medida estructural de erradicación de la morosidad de las Administraciones territoriales, al ser una indicación clara de que ya no habrá nuevos planes extraordinarios de pagos a proveedores.

AHORRO DE 200.000 EUROS ANUALES

Según la memoria que acompaña al proyecto de ley, esta medida permitirá un ahorro de unos 200.000 euros al año en partidas como los contratos de rating, los asesoramientos jurídicos o el convenio con el Banco de España, así como "otros costes de coordinación entre las unidades administrativas que actualmente participan en su gestión".

En cualquier caso, más allá de este ahorro, el Gobierno no cree que la medida tenga ningún otro impacto económico, ni administrativo ni sobre la competencia. En total, en tres etapas diferentes, este fondo ha movilizado 41.883,87 millones de euros, de los cuales 30.531,97 millones han ido a pagar facturas de las comunidades autónomas y los 11.351,9 millones restantes, a aplacar las tensiones de tesorería de las entidades locales.

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