MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional considera que Repsol debe ser indemnizada con 23,2 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados por la revisión de precios de la bombona de butano del segundo trimestre de 2011, en la que no se recogieron los costes reales del producto, según una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, la Audiencia da la razón a REPSOL (REP.MC)no solo en su denuncia en contra de la denegación del recurso de alzada que presentó en su momento ante el Ministerio de Industria, sino también en lo referido a la indemnización reclamada, al considerar que la empresa tiene derecho a recibir el importe correspondiente a la fórmula que se aplicaba antes de 2009 más los intereses.
En el segundo trimestre de 2011, Industria aplicó una subida del precio de la bombona de butano del 6% conforme a una fórmula en vigor desde 2009, si bien las empresas del sector consideraron en ese momento que el incremento debería haber sido de un 15% adicional para recoger la evolución real de costes.
Las empresas del sector consideraban que la fórmula de 2009 les hacía vender a pérdida, al tomar el trimestre anterior como referencia de precio, lo que generaba un decalaje que hacía que el sector no recogiese el encarecimiento de la materia prima. Las pérdidas anuales de los operadores alcanzaron los 152 millones en 2010, según las empresas.
El Tribunal Supremo dio la razón a los operadores en una sentencia de junio de 2012, y es sobre esta base sobre la que la Audiencia Nacional formula ahora la sentencia en la que se reconoce el derecho de Repsol a ser indemnizado.
En concreto, el Supremo anuló la orden ministerial con la fórmula de revisión de precios de 2009, lo que implica regresar al mecanismo de cálculo de 2008. El tribunal consideró que "un sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP envasados que obliga a que los operadores los vendan a pérdidas durante un prolongado período de tiempo no se atiene a las normas legales".
El actual Gobierno ha vuelto a modificar la fórmula de revisión de precios, en la que se fija un umbral máximo de 17,5 euros por bombona y se reconoce a los operadores la posibilidad de recuperar en el futuro los costes en caso de que superen este límite.
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