Economía

CiU quiere una Oficina que asesore, medie y arbitre en las iniciativas de colaboración público-privada

Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama la constitución de una nueva Oficina que asesore, medie y arbitre en las iniciativas que se desarrollen a través de la colaboración público-privada, de modo que consiga una mejor planificación de los sectores donde aplicar esta opción y de que se gestionen los proyectos de manera más eficiente.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En su iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Fomento, los nacionalistas catalanes defienden las bondades de la colaboración público-privada para "modernizar la oferta de infraestructuras y de servicios públicos estratégicos en mejores condiciones de ahorro y eficiencia" superando las dificultades que plantea un contexto de restricción presupuestaria.

"La experiencia acumulada demuestra que la colaboración público-privada hace posible la ejecución de un mayor número de proyectos necesarios en un menor espacio de tiempo, aprovechando los conocimientos técnicos y la experiencia de las empresas, y consiguiendo una utilización más eficiente de los recursos públicos", afirman.

Por eso, consideran que crear una Oficina en la que estén representados tanto la administración central como expertos del sector privado permitiría "planificar, coordinar, asesorar y evaluar" la ejecución de este tipo de proyectos en el ámbito del Estado.

MEJOR PLANIFICACIÓN

Además, CiU defiende que este nuevo ente ayudaría a "garantizar la definición de los sectores estratégicos" donde recurrir a estas colaboraciones sería más eficiente, "estructurar adecuadamente" los proyectos para conseguir una "mejor distribución de los riesgos", acceder a una financiación más barata y aclarar cuestiones relativas a la contabilidad pública, la transparencia, la no discriminación o la seguridad jurídica, entre otros.

Por todo ello, propone al Congreso instar al Ejecutivo a crear una Oficina de Colaboración Público-Privada con funciones de "asesoramiento, mediación, arbitraje y salvaguarda" de las iniciativas de colaboración público-privada estatales, así como desarrollar la normativa necesaria para poner en marcha este organismo.

Precisamente este martes la Comisión de Fomento de la Cámara Baja aprobó, con los votos de 'populares' y nacionalistas catalanes, una proposición no de ley del PP con la que se insta al Ejecutivo a seguir fomentando la colaboración público-privada en la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras públicas.

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