Tomar el IPC como referencia para la subida de tarifas eléctricas "carece de sentido", así de contundente lo afirma la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Además, según asegura el presidente de la patronal, Pedro Rivero, en línea con los cálculos de los distintos agentes, la luz debería subir entre el 20% y el 25% para reflejar los costes reales.
En la presentación de la memoria estadística del sector de 2007, Rivero aseguró que la subida del 11,3% propuesta por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) servirá sólo para "cubrir el incremento adicional" del déficit tarifario y "para frenar" que este desajuste vaya a más, pero no para reflejar los costes de mercado.
Este fin de semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que la subida de la tarifa se acercará más a la inflación que al 11,3% propuesto por el regulador energético. Durante la anterior legislatura, el Gobierno aplicó subidas en línea con la subida del IPC.
Una media de 577 euros
Unesa calcula que para acabar con los cerca de 14.550 millones de euros déficit de tarifa acumulado cada uno de los 26 millones de consumidores del país debería pagar una media de 577 euros, y advierte de que cuanto más se ajuste ahora la tarifa al mercado menor será el endeudamiento futuro de los clientes.
"El sistema del déficit tarifario no nos gustaba y dijimos que la referencia al IPC carecía de sentido", señaló Rivero, quien reconoció que "todos", Unesa incluida, se equivocaron en la percepción del modelo, hasta el punto de que se ha llegado a una "situación agobiante".
Al ser preguntado acerca de cuánto debería subir la tarifa, Rivero contestó que "lo que ya se había dicho y se había olvidado". "Los números de la CNE, del Ministerio y de nosotros son los mismos, y se dijo del 20% al 25%", indicó antes de considerar que "una subida ahora hará que se aplacen subidas posteriores".
Evolución del modelo de mercado
Para Unesa, es necesario "que se quiten las tarifas" y que el sistema evolucione hacia un modelo de mercado que, en última estancia, procure precios "lo más barato posible" y "estables".
Rivero destacó la importancia de que se informe a los consumidores de forma "adecuada" acerca de "cuánto pagan y cuánto deben". "Los clientes tienen que saber lo que cuesta el servicio que consumen, para que se haga un uso racional y eficiente de la electricidad, evitando pagar más de lo necesario", afirmó.
Déficit de tarifa de 4.750 millones
El déficit tarifario se genera debido al desajuste entre los costes reconocidos de la electricidad y los ingresos regulados de las compañías eléctricas. Sólo la recuperación de los sucesivos déficits pendientes de liquidar desde 2000 supone en 2008 un coste añadido de 1.529 millones, indicó Rivero.
El déficit total de 2008 se situará en torno a los 4.750 millones, por encima de los 1.500 millones de 2007, de los 2.130 millones de 2006 y de los 3.725 millones de 2005. Entre 2000 y 2002 se generó un agujero de 618 millones.
La CNE ha recomendado que, entre otras medidas para aliviar el déficit, se trasladen las primas a las renovables y los planes de eficiencia desde la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Coste total del kilovatio hora
Unesa calcula que del coste total del kilovatio hora (kWh) de tarifa, el 8,1% (2.356 millones en total) corresponde a este extracoste del régimen especial, mientras que el 0,9% corresponde al plan de eficiencia energética. El 63% de la tarifa procede de costes de generación, y el 16% a la distribución.
Del déficit de tarifa, más de 5.000 millones se encuentra cedido, mientras que más de 10.000 millones están pendientes de cobro. Esta última cifra incluye la previsión de déficit de 2006, la de 2007, la de 2008 y el desajuste extrapeninsular entre 2001 y 2005.
Tarifa nocturna
Sobre los cambios en la tarifa nocturna a partir del 1 de julio, el presidente de Unesa indicó que esta modalidad "tenía que desaparecer", ya que las propias directivas comunitarias lo aconsejan.
Pese a que los cambios aplicados suponen "un paso" en la dirección propuesta por Bruselas, es necesario "ver de qué forma el efecto de la nueva discriminación horaria puede ser el menor posible".
El nuevo sistema amplía el número de horas 'valle', en el que el consumo es más barato, pero reduce el incentivo por consumir en ese lapso y eleva las penalizaciones por hacerlo en las horas 'punta'.
