
El nuevo primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha llegado al Gobierno con la apremiante misión de ofrecer a los ciudadanos los buenos resultados económicos que esperan desde hace dos años. Una tarea que no será fácil ni rápida, a tenor de los sombríos vaticinios realizados el jueves por el instituto de estadística galo (Insee), según los cuales al país de la Grandeur aún le esperan largos meses de crecimiento casi nulo.
Estos pronósticos oficiales han aguado ya desde el inicio los cien días de indulgencia de que suelen gozar los nuevos gabinetes, ya que fueron publicados en la víspera del primer Consejo de Ministros del recién formado Ejecutivo, que se celebró el viernes pasado.
En concreto, el Insee pronostica un avance del Producto Interior Bruto (PIB) francés de sólo una décima en el primer trimestre del año, y prevé un crecimiento del 0,3% entre los meses de abril y junio de 2014. Unas endebles cifras que contrastan vivamente con las de Alemania -alzas del 0,8% y 0,5%, respectivamente- y que certifican que la convalecencia de Francia, a la sazón la segunda economía europea, se prolongará, al menos, hasta junio próximo.
Así las cosas, Valls tiene que despejar cuanto antes el dilema de su legislatura: abrazar la austeridad y las imperiosas reformas estructurales, con las que sentaría las bases de un crecimiento más firme; o pedir a Bruselas una moratoria en déficit similar a la que tiene España, lo que le permitiría aminorar el ritmo de ajuste fiscal -ya de por sí lento- para estimular la demanda y, de paso, contentar a la izquierda que forma su electorado.
Sobre la eventualidad de una relajación del déficit se pronunció indirectamente el viernes el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al insistir en que lo que hace falta en Europa y Francia es "reactivación económica". Tras reunirse en París con el presidente galo, François Hollande, Schulz aseguró: "Es una pregunta que hay que hacer al Gobierno federal en Berlín, no a mí. Es, antes que nada, una cuestión que se debe negociar entre Francia y la Comisión Europea".
Fue la única alusión al comentario del nuevo ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, que había dejado entrever que solicitará a Bruselas más tiempo para rebajar el desfase al 3% del PIB, algo que Francia debe cumplir en 2015. La consolidación fiscal de Francia es una cuestión nada baladí, ya que si se suman los PIB de Francia y de Alemania, representan más de la mitad del de la zona euro.

Gasto público y paro
Tal y como señalan los medios internacionales y apremian los analistas nacionales, la consolidación fiscal exige que Valls controle el gasto público, en un clima de demanda privada exigua y con el poder adquisitivo de los hogares bajo presión. Además, no es probable que en 2014 se repitan las alzas salariales del año pasado, sobre todo por las previsiones de baja inflación.
Tal y como pronostica la oficina estadística gala, el índice de precios de consumo se mantendrá en el entorno del 1% este año, lo que hace prever que el gasto de los hogares apenas subirá en los primeros seis meses del ejercicio.
Hay otras cifras macroeconómicas que muestran la difícil ecuación de las finanzas francesas. Por ejemplo, el menor tirón de las exportaciones, que se ven limitadas por la apreciación del euro y la pérdida de cuota de mercado que arrastra la industria desde 2008, tal y como constata el Insee.
Todo ello pesa en el indicador de confianza de los gestores de empresas, que permanece estancado desde hace seis meses. Una situación que contrasta con lo que sucede en países competidores, como Alemania , Italia y España, donde el clima de sentimiento de los negocios está por encima de la media.
Y especialmente preocupante es el hecho de que los datos que el Ejecutivo galo maneja predicen una tasa de paro estable en el 10,2% al menos hasta junio. La creación neta de empleo apenas bastaría para absorber el incremento de la población activa,
Con este contexto macroeconómico se presentarán mañana Valls y su Gobierno al voto de confianza en la Asamblea Nacional francesa, según anunció el viernes el portavoz del Ejecutivo galo, el también ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll. El plan original era unir este voto de confianza con una subsiguiente votación sobre el denominado Pacto de Responsabilidad en favor de la Empresa, que, impulsado por el presidente, François Hollande, ofrece recortes de cotizaciones sociales a las compañías. A esta reforma se oponen algunos miembros de la izquierda.