Economía

Economía asegura que los investigadores "no van a perder dinero" con la nueva Ley de la Ciencia

El ministerio de Economía y Competitividad ha asegurado este lunes que "nadie va a perder dinero" con la puesta en marcha de la nueva Ley de la Ciencia, como ha denunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

Fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i han explicado que "se está elaborando el borrador" y cuando esté listo "se llamará a los sindicatos para sus comentarios e indicaciones". De este modo, responde a las acusaciones del sindicato que ha criticado que el Gobierno no les haya pedido opinión.

Las mismas fuentes han apuntado que en la Ley de la Ciencia está "clarísimo" que hay que hacer una integración de las las escalas de los OPIs y equipararlos a los actuales. "Y hay una disposición adicional séptima que dice que todo científico que se vea afectado en sus retribuciones, tendrá un complemento en el que nadie puede perder dinero", ha concluido.

La denuncia del sindicato

CSIF ha denunciado este lunes que un millar de investigadores de centros públicos sufrirán este año una "importante bajada" en sus sueldos que, dependiendo de los casos, puede ser de entre 4.000 y 6.000 euros anuales. Además, reclaman al Gobierno una mesa de negociación y que termine con el "oscurantismo" existente acerca de esta situación.

Según ha explicado el responsable de Administración Central del sindicato, Francisco Javier Camarillo, este problema llega tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia en 2011. En el texto se modifica el sistema de escalas administrativas y se crean tres nuevas, aunque éstas no entrarían en vigor hasta enero de 2014.

La idea era que, en los dos años intermedios se negocie y se establezcan los criterios para determinar cómo distribuir a los profesionales en las nuevas escalas y cómo serán sus nuevas retribuciones, que se ordenarían con un Real Decreto.

Sin embargo, estos criterios aún no se han establecido. La secretaria de Estado de I+D, Carmen Vela, en su última comparecencia en el Congreso el pasado 18 de marzo, aseguró que el Real Decreto estaba en marcha y que estaban trabajando en ello.

Mientras estos criterios no se establecen, los investigadores afectados --pertenecientes al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III-- han sido adscritos a la escala más baja, lo que supone esta reducción salarial.

La bajada, que aún no se ha producido pero que se puede aplicar retroactivamente, corresponde a una pérdida en conceptos de retribuciones complementarias (unos 3.000 euros) y en productividad (hasta 3.000 euros).

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