Economía.- El Congreso rechaza los vetos de IU-ICV y BNG a la Ley de Desindexación con los votos de PP y CiU

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos de PP y CiU, las enmiendas de totalidad que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han presentado contra el proyecto de ley de Desindexación, cuyo espíritu comparte la mayor parte de la oposición pero que ha optado mayoritariamente por la abstención ante las dudas que les provocan aspectos como la devaluación salarial que podría provocar.

Tras la intervención del ministro de Economía, Luis de Guindos, para defender el proyecto, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le ha acusado de "ocultar los verdaderos objetivos" de esta ley, que pasan por ahondar en la devaluación salarial. "¿Por qué lo llama amor cuando quiere decir sexo?", ha ironizado.

Tras recordar que en un contexto de baja inflación esta medida no tiene ninguna urgencia, ha señalado que la inflación estructural excesiva que tradicionalmente ha tenido España no se debe al nivel salarial, sino a la existencia de mercados oligopólicos como el de la energía, que impactan en los precios.

MAS EFECTOS NEGATIVOS QUE POSITIVOS

"Pero esta ley no va a resolver eso, sino que va a provocar más efectos negativos de los que resolverá", ha afirmado, advirtiendo de que un "impacto negativo en los salarios puede incrementar aún más la injusticia con la que se está abordando la salida de la crisis" y deteriorar la capacidad adquisitiva imprescindible para reactivar la economía. Además, ha criticado que no se apueste por dar el mismo tratamiento a los beneficios empresariales ni a las rentas del capital.

Finalmente, Coscubiela ha criticado el componente "recentralizador" que tiene esta ley, y ha reprochado al Gobierno que en lugar de resolver el problema "cambie el mecanismo que lo mide" para que parezca que no existe. "Si de verdad queremos controlar la inflación, hay tiempo para hacerlo bien", ha instado.

Por parte del BNG, Olaia Fernández Davila, ha justificado su veto señalando que esta ley es parte de la "estrategia del Gobierno y de la troika para aplicar un fuerte recorte de los costes salariales" lo que, sin embargo, reduce el poder adquisitivo y supone "avanzar hacia un modelo social cada vez más injusto".

A los votos de IU-ICV-CHA y el BNG se han sumado los votos favorables de Nueva Canarias (NC) y Compromís, mientras que PSOE, UPyD, PNV y Coalición Canaria (CC) han optado por la abstención.

SIN AFECTAR AL EMPLEO Y LA INVERSION

El exministro de Trabajo socialista Jesús Caldera ha reconocido compartir el objetivo de "mejorar la competitividad y moderar los precios de servicios y bienes públicos" pero ha instado al Ejecutivo a aplicar la norma "con equidad" y sin que afecte a las inversiones y al empleo. "Esa es nuestra línea roja", ha enfatizado.

En este sentido, ha expresado sus reticencias con respecto a no tener en cuenta el peso de los costes laborales en determinados contratos en sectores muy intensivos en mano de obra o que no se permita la revisión de precios en contratos de larga duración, ya que ignorar esos factores podría precarizar las condiciones de trabajo.

Caldera ha reclamado por último una "necesaria ponderación, cautela, reflexión y equilibrio" y un reparto de las cargas "por igual". "No vamos a aceptar un texto desequilibrado y no equitativo", ha insistido, señalando que el voto final del PSOE se decidirá en función de las negociaciones.

NO ES EL PROBLEMA MAS URGENTE

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, comparte el diagnóstico de que la economía española está "excesiva e injustificadamente indexada", lo que es "un problema mayor" cuando no se tiene las competencias en materia monetaria y no se puede compensar la pérdida de competitividad. "Por eso compartimos el objetivo del Gobierno, aunque éste no sea el problema más urgente", ha señalado.

No obstante, a su entender se está "atacando los síntomas de la inflación pero no sus causas profundas", como la falta de competencia en algunos sectores. Además, rechaza que pueda afectar a prestaciones, subsidios, ayudas e indemnizaciones públicas, para las que está justificado el mantenimiento del poder adquisitivo, y defiende limitar la ley a precios regulados de servicios y contratos públicos.

Para Pedro Azpiazu, del PNV, tampoco es ésta la "cuestión más urgente", sobre todo en el contexto de inflación cercana a 0% que actualmente atraviesa España, aunque considera "adecuada" la medida siempre que el Gobierno "no se de mucha prisa en ponerla en marcha" sino que se "tome un tiempo para ver cómo discurren los acontecimientos económicos y si la economía o los precios toman pulso". "No vaya a ser que adoptemos recetas inadecuadas", ha señalado.

En cuanto al contenido del proyecto, el diputado vasco cree que hace falta "corregir algunas cuestiones clave que pueden generar problemas de envergadura en el empleo y en las cuentas de resultado de las empresas", como es lo que se refiere a los contratos de larga duración o a los intensivos en mano de obra.

YA LO DECIA THATCHER

En abierta oposición a las enmiendas de totalidad se ha situado la 'popular' Arenales Serrano, que ha comenzado citando a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien afirmó que "la inflación es la madre del paro, y además es la ladrona de todos los que han ahorrado". "Esas son razones sobradas y suficientes para apoyar este proyecto de ley", ha añadido, replicando a la oposición que "la marcha por la dignidad no se hace en las calles con violencia sino trabajando para que cada vez más españoles puedan trabajar".

A su entender una norma que permitirá "moderar las tensiones inflacionistas y mantener el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas" constituye la "mejor política social" que puede desarrollar un Gobierno, por lo que ha definido el proyecto como "novedoso, necesario, razonable, razonado, justo, muy respetuoso con los agentes económicos privados, en línea con lo que pasa en el entorno europeo y muy solidario".

"Es de sentido común. No podemos entrar en la espiral inflacionaria, no se puede tolerar porque no tiene sentido que la subida de precio de un bien acabe provocando la subiendo de otro que no tiene nada que ver. Lo lógico es que suban en función de la evolución de sus costes", ha abundado la diputada, que defiende que con esta medida el Gobierno 'popular' está "escribiendo un gran relato para pasar de la recesión a la recuperación".

En este sentido, ha citado al presidente Mariano Rajoy, quien dijo que "tras pasar de la resignación a la esperanza ahora toca pasar de la esperanza a la ambición". "Y ahí está el Gobierno 'popular'. Y si tenemos ambición en combatir el paro y la madre del paro es la inflación, tendremos que combatir la inflación", ha resumido, ofreciendo por último diálogo a la oposición para revisar los aspectos del proyecto que más les preocupan.

Finalmente, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, cree que éste sería un proyecto "oportuno" en periodos de alta inflación o de crecimiento a medio y largo plazo, pero "incierto en la actual coyuntura". "Tenemos relativas dudas respecto a su aplicación en el corto plazo", ha reconocido, añadiendo también que le gustaría saber "los objetivos y ventajas" de aprobar ahora una ley "cuyo impacto a corto plazo no se producirá" hasta que se desarrolle reglamentariamente.

Además, ha reconocido que la desindexación podría reducir gastos pero también ingresos, y ha matizado que incluso los precios de algunos contratos podrían incrementarse si se aplican índices específicos superiores al IPC.

Tras la votación de los vetos, los 'populares' también han forzado con su mayoría absoluta el rechazo de que el texto vuelva al Pleno tras su tramitación en la Comisión de Economía.

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