El sistema público de pensiones no es un problema, es una solución. Partiendo de esa base, partidos políticos y expertos están de acuerdo en que, para asegurar su sostenibilidad y el desembolso de las pensiones públicas futuras es necesario reformarlo de forma permanente, además de dar un decidido impulso a los instrumentos de previsión social privada complementaria, tales como los planes de pensiones y seguros de vida. Vídeo | Así vivimos el observatorio en directo
Es la conclusión unánime de los participantes en el encuentro informativo celebrado por elEconomista y Caser sobre el futuro de las pensiones en España, donde tanto representantes políticos y del Gobierno como especialistas del sector coincidieron en reclamar incentivos fiscales para las pensiones privadas, así como fomentar los planes de empresa y una rebaja de cotizaciones que libere recursos para dedicarlos a ahorrar a largo plazo y, de ese modo, complementar la pensión pública.
Así lo reconoció José Antonio de Paz Carbajo, subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía. "Los estímulos fiscales podrían servir de incentivo al sistema de previsión social privado, ya sean estímulos a las empresas o a los individuos. En cierto sentido, esos estímulos son el precio de la iliquidez que es característica de la previsión social", explicó el alto responsable ministerial en el encuentro, organizado por elEconomista.
Asignatura pendiente
A favor de incentivar fiscalmente las pensiones privadas se mostraron asimismo los representantes de los grupos políticos del PSOE, Valeriano Gómez; del PP, Vicente Martínez-Pujalte; y de CiU, Carles Campuzano; además del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que existe un ahorro a largo plazo que necesita ser fomentado "y eso exige una actitud activa de los poderes públicos en el ámbito fiscal", según subrayó Martínez-Pujalte, portavoz del PP de la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser, puso el acento en que la gran asignatura pendiente de la previsión social complementaria es, hoy por hoy, "la falta de desarrollo de los planes de pensiones de tipo empresa". Y citó como ejemplo los resultados recabados por el Observatorio de la compañía, según los cuales "casi la mitad de los ciudadanos estaría dispuesta a que las empresas tuvieran una obligación de tener pensiones complementarias para sus trabajadores".
Durante su intervención, Manuel Álvarez recordó los indudables beneficios que los sistemas de previsión social privada aportan a las grandes cifras de la macroeconomía. "Países como Holanda, que poseen un fuerte sistema de pensiones complementario al público, tienen mayor capacidad para resistir los ataques a su deuda pública soberana y mantienen un nivel de rating de su deuda mucho mayor", detalló el director del Observatorio de Pensiones de Caser.
En el mismo sentido se manifestó Belén Alarcón, directora de Asesoramiento Patrimonial de Abante, una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y agencia de valores. Alarcón considera que, "en el ámbito del Gobierno, hay que hablar claro, decirle al ciudadano lo que puede esperar del futuro y que para hacerse un plan de pensiones no hay que tener 50 años. Hay que mejorar el marco regulatorio, incentivar la fiscalidad y también aumentar las alternativas de inversión".
Se necesitan reformas urgentes
La necesidad de reformas, tanto en el sistema de pensiones público como privado, es inexcusable. Algunas cifras dan buena idea de cuán urgente es abordar la sostenibilidad del modelo español.
Según Valeriano Gómez, portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, "hoy gastamos 10 puntos de PIB en financiar el sistema público de reparto, un sistema que se ha financiado con cotizaciones sociales que, en comparación con Europa, no son tan elevadas. Pero es que, sin nuevas reformas, mantener el sistema costará 18 puntos de PIB dentro de 40 años. Está claro, por lo tanto, que un sistema que no se reforme periódicamente está abocado a la quiebra. Sobre todo, porque los ingresos nunca han superado los 10 puntos porcentuales de PIB".
En el encuentro informativo organizado por elEconomista, Valeriano Gómez defendió que un sistema moderno de previsión debe tener también una pata privada, que complemente los ingresos que lleguen por la vía pública, oficial. Eso sí, el portavoz de Economía socialista advirtió de que "la solución no es la obligatoriedad, sino la competencia y la buena gestión".
Respecto a la rebaja de cotizaciones sociales, insistentemente reclamada al Gobierno por expertos y organismos internacionales -entre ellos, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional-, Gómez consideró que a España "le vendría muy bien tener menos cotizaciones sociales y, a cambio, subir otro impuesto. La discusión de si debe ser el IVA u otro tributo es secundaria".
Estímulos fiscales "interesantes y razonables" fueron asimismo demandados por el diputado de CiU Carles Campuzano, durante el transcurso del Observatorio de elEconomista / Caser sobre el futuro de las pensiones.
"El esfuerzo reformista público que se ha producido en el sistema español no ha ido acompañado en la reforma del sistema complementario. Y eso tiene que ver con muchas cosas... entre ellas, cómo configuramos fiscalmente unos estímulos interesantes y que sean razonables", expuso Campuzano, que también rompió una lanza por incentivar los instrumentos privados que aseguren unos ingresos extras a la hora de la jubilación.
El diputado de CiU enumeró algunos de los problemas que, a su juicio, pueden disuadir a muchos particulares de hacerse un plan de pensiones o contratar un seguro de jubilación. "Las comisiones caras, críticas respecto a las rentabilidades, niveles de transparencia -en qué se invierte ese dinero-, cómo hacer que las pymes incorporen el sistema de pensiones complementarias, cómo desarrollarlo en las condiciones de crisis o desempleo actuales" actúan de freno al sistema social complementario, según Carles Campuzano.
Faltan estímulos
En ese sentido, Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso, consideró que "es un deber de los poderes públicos vigilar el sistema de las rentabilidades y comisiones de los planes de previsión complementaria, para darles seguridad y así poder fomentarlos".
Para Pujalte, no cabe duda de que "hay que incentivar el sistema privado de pensiones, complementario, y hay que hacerlo en el ámbito de la negociación colectiva. Así se fomentará más la previsión complementaria que si lo hacemos sólo en lo privado".
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, resaltó las bondades de nuestro sistema público de pensiones, al que hay que agradecer, por ejemplo, "que la tasa de pobreza de los mayores de 65 años sea del 15%, frente al 27% de tasa media de pobreza de la sociedad española". Pese a ello, Peña no dudó en echar mano de los números para demostrar que el sistema público de pensiones -aun no siendo un problema, sino una solución- precisa ser reformado. "Hay 500.000 pensiones de viudedad; 1,5 millones de pensiones de incapacidad permanente; la edad media de jubilación son los 63,9 años? Todo eso no se puede sostener, hay que ver qué se carga y qué no al sistema de pensiones", razonó.
El presidente del CES ilustró también con cifras el escaso desarrollo que todavía hoy tiene el sistema de pensiones privado, en el que "el 76% de partícipes aporta menos de 300 euros al año y únicamente el 11% de los convenios de empresa contempla los planes privados, lo que significa el 13% de trabajadores".
Precisamente, Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser -un grupo con más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador español-, puso el dedo en la llaga al insistir en que "uno de los elementos a nivel macroeconómico que falta por desarrollar es la previsión social privada complementaria. Y el papel de las empresas es crucial".
Según Manuel Álvarez, la salida de la crisis económica será a cámara lenta, con unos gastos sociales en dependencia, empleo y salud crecientes, lo que obliga a que el sistema público sea sostenible. No obstante, el directivo de Caser espera que "cuando suban los salarios reales, todo lo que exceda del alza de la inflación sean recursos que se deriven a previsión social complementaria".
La directora de Asesoramiento Patrimonial de Abante, Belén Alarcón, criticó que "ahorramos poco y mal. Se dice que los planes tienen comisiones caras, que las rentabilidades son bajas? pero, por ejemplo, los diez planes más rentables tienen sólo el 4% de inversores". Y eso que, como advierte esta experta, "la diferencia entre empezar a ahorrar a los 30 o a los 50 años es un incremento del esfuerzo de ahorro del 50%".
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