Economía

El 83% del fraude fiscal detectado en 2012 está pendiente de cobro

  • En 2012, Hacienda logró recaudar de defraudadores 10.401 millones de euros
  • Sin embargo, otros 48.674 millones quedaban todavía pendientes de cobro
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Foto: Archivo

España tiene un problema con su economía sumergida, no sólo por la envergadura que ha alcanzado (equivalente al 20-25% del PIB), sino también por su falta de eficiencia a la hora de recuperar para las arcas públicas la pequeña parte de ese dinero en B al que Hacienda logra detectar. De acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas conocido ayer, por cada seis euros que la Agencia Tributaria considera que han sido defraudados, casi cinco (es decir, el 83%) quedan pendientes de cobro por distintas razones.

Dicho en dinero contante y sonante, el organismo fiscalizador informa de que, en 2012, Hacienda logró arrancar de los bolsillos de los defraudadores 10.401 millones de euros, una cifra bastante abultada que, sin embargo, empequeñece si se tiene en cuenta que tenía pendientes de cobro 48.674 millones en ese mismo ejercicio.

Un lastre así no se genera en un solo año; es fruto de una deuda que no deja de aumentar ejercicio tras ejercicio. Sólo entre 2010 y 2012 el incremento fue de casi el 30 por ciento, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. De este modo, la deuda que se acumula es muy superior a la que efectivamente se salda.

La institución insta a Hacienda a hacer algo para "mejorar los cobros". El sistema de cobro de lo defraudado hace aguas por varios sitios, especialmente por la complicada litigiosidad que permite. Una primera vía de escape se abre en el periodo voluntario de pago, ya que la posibilidad de recurrir a los tribunales implica la paralización, de entrada, de "la mitad de la deuda pendiente".

Expedientes anulados

Y, luego, una vez iniciado el proceso, el fisco muestra dificultades a la hora de evitar que los expedientes se le escapen de las manos. Sólo en los tribunales de primera instancia, el juez da la razón al contribuyente en el 40% de los casos. Si a eso se suman los que acaban ganando cuando recurren a escalones superiores del sistema judicial, el resultado es que "un porcentaje muy importante de los cobros" acabará quedando anulado, según el Tribunal de Cuentas.

Y aún hay otro camino por el que la lucha contra el fraude no acaba revirtiendo en las arcas estatales y, además, cierra todas las puertas a su recuperación: declararse en situación de insolvencia. De acuerdo con las cifras que maneja el Tribunal de Cuentas, las cancelaciones por este motivo supusieron, entre los años 2010 y 2012, 15.075 millones de euros, fruto de un incremento del 22 por ciento con respecto a 2009.

La falta de efectividad que el Tribunal de Cuentas denuncia a la hora de que la lucha contra la economía sumergida revierta en las arcas públicas, aun cuando muestra "avances" en lo que respecta a la detección, ya había sido denunciada con anterioridad por expertos del sector, tal y como reveló elEconomista a finales del año pasado.

Los inspectores denunciaban entonces que el 80,6 por ciento del dinero evadido "quedaba sin castigo". No en vano resulta difícil hacer frente a un fenómeno que no ha dejado de crecer en los años más duros de la crisis. Así, en 2007, antes del comienzo de las turbulencias, el agujero que mostraba la recaudación del IVA se encontraba por debajo de los 7.000 millones de euros. En 2012, sin embargo, esa cantidad se había casi doblado, ya que llegaba a 17.176 millones (en otros términos, el 1,6 por ciento del PIB español).

En lo que concierne al fraude que soportan los impuestos directos y el pago de cotizaciones sociales supera, por sí solo, los 90.000 millones de euros.

Escaso rendimiento del IVA

Detrás de esta alta evasión se encuentra una de las razones más poderosas que explican por qué, volviendo a los tributos indirectos, el IVA tiene un rendimiento tan bajo en España, dado que al fisco únicamente llegan 9,7 euros de cada cien que los españoles destinan al consumo, de acuerdo con cálculos elaborados por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Esa cifra se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea, que llega hasta los 12,3 euros y nos coloca en el último lugar entre los grandes de la UE.

Los cálculos de Gestha coinciden en líneas generales con los del informe más reciente sobre economía sumergida del Servicio de Estudios de La Caixa, en el que se afirma que este fenómeno acarrearía un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales. Es un importe que se puede calificar como "notable, dado que, en 2012, el total de impuestos y contribuciones sociales pagadas en el país se situó en 347.000 millones de euros.

Erradicar la economía sumergida es un propósito completamente irreal, por ello, la entidad financiera catalana apunta que "si partimos de una corrección más realista, por ejemplo, de una reducción de su peso hasta el equivalente alemán (cuyo tope máximo es del 18,6, y por ciento del PIB, mientras el mínimo se halla en el 13), ya solamente con eso se lograría aflorar una recaudación de entre 18.000 y 20.000 millones de euros.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky