El PSM pide que Coca-Cola pierda la licencia de actividad si cierra Fuenlabrada

Madrid, 11 feb (EFE).- El PSM ha propuesto hoy que si Coca-Cola cierra la embotelladora de Fuenlabrada el Ayuntamiento retire a la empresa la licencia de actividad, de manera que no pueda utilizar la planta para otro negocio.

Así lo ha sugerido el portavoz adjunto socialista en la Asamblea de Madrid, José Quintana, que ha dicho que esta propuesta -que debería adoptarse siempre que estén de acuerdo los trabajadores- pretende ser una medida de presión para evitar que Coca-Cola cierre su planta de Fuenlabrada cuando la empresa tiene 900 millones de euros de beneficio.

Durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Quintana ha explicado que, de cerrar la fábrica, el Ayuntamiento de Fuenlabrada debería "dejar fuera de ordenación urbana esa industria", de manera que no pueda albergar actividad en el futuro y no pueda establecerse una nueva actividad en ella. "Estaríamos hablando de una especie de suelo rústico", ha apuntado.

Con esta medida, ha seguido explicando, se impediría que Coca-Cola "hiciera el negocio del año" a cuenta de "un montón de familias a las que se manda al paro".

Quintana ha insistido en que esta medida debería adoptarse siempre que así lo quieran los trabajadores y, en todo caso, una vez agotadas las negociaciones para evitar el cierre de la planta, y ha pedido a la Comunidad de Madrid que lo apoye, porque "no es de recibo" que una empresa eche trabajadores cuando con sus 900 millones de beneficio "puede pagar durante 40 años las nóminas actuales".

"Hay que dar un mensaje de contundencia de que estas cosas no se pueden hacer", ha zanjado.

José Quintana también ha denunciado que el ERE de Coca-Cola podría dejar "colgados" a trece alumnos de FP que están haciendo las prácticas en empresa, cuando la empresa se ha beneficiado de las ayudas de la Comunidad al plan de FP Dual.

Tanto Quintana como Antero Ruiz, diputado de Izquierda Unida, han planteado también sus "dudas" sobre la corrección en las licencias de obras y de actividad en la planta logística de reparto que Coca-Cola tiene en la localidad de Leganés, y por eso han pedido que se investigue si hay alguna ilegalidad en su funcionamiento.

Ruiz ha dicho no conocer qué ayudas o subvenciones podría haber recibido Coca-Cola para instalar su fábrica en Fuenlabrada, y ha apuntado que más allá de las cantidades económicas también pudo tener cesión de terrenos.

Izquierda Unida, por eso, ha pedido al Gobierno que si se cierra la planta reclame la devolución de las posibles subvenciones que haya podido recibir la empresa.

La portavoz adjunta de IU, Eulalia Vaquero, ha vinculado el ERE de Coca-Cola con las últimas reformas laborales, y ha pedido que se depuren responsabilidades políticas por permitir a las empresas despedir aún teniendo beneficios.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha coincidido en que este ERE "completamente injustificado" es "consecuencia de una reforma laboral que ha desequilibrado absolutamente el terreno de juego en contra de los trabajadores".

De Velasco ha pedido saber si se han dado ayudas a Coca-Cola para esta fábrica, pero ha considerado que pedir que se devuelvan no ayudaría a resolver el ERE.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha discrepado de la propuesta del PSM al entender que las administraciones "se tienen que comportar de acuerdo con las normas" y no pueden "utilizar el estado de derecho para presionar".

"Si una empresa tiene una actividad, la tiene", ha dicho, antes de insistir en que el principio de seguridad jurídica debe defenderse porque si se amedrenta a las empresas con medidas así, se perjudicaría a todos "en el medio y el largo plazo".

Con todo, ha admitido que el ERE de Coca-Cola genera "muchas dudas" y "no es razonable" plantear despidos cuando la empresa "genera grandes beneficios".

Por eso ha pedido al Ministerio de Trabajo que sea muy riguroso al estudiar que el ERE planteado cumpla los requisitos que se exigen y que defienda los intereses de los trabajadores afectados.

Henríquez de Luna ha opinado además que si la empresa recibió alguna subvención condicionada a una permanencia determinada de la actividad e incumple esas condiciones, debería devolver las ayudas recibidas.