BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)
España es el país de la Unión Europea con mayor número de ayudas públicas consideradas ilegales por Bruselas y cuyo montante deben devolver los beneficiarios, según el balance sobre ayudas de Estado que publicó hoy por la Comisión Europea. De acuerdo a estos datos, España concentra el 29% de los procedimientos de devolución en curso en el conjunto de los Veintisiete.
Del total de 49 procedimientos en marcha, España "está en cabeza con 14, es decir un 29% del total de la UE", según las cifras del segundo semestre de 2007. El Ejecutivo comunitario explica en el documento que nueve de los procedimientos pendientes para España "tienen relación con regímenes vascos en materia de fiscalidad".
El balance difundido este miércoles presenta la situación de los distintos países de la UE por lo que respecta a las ayudas estatales que son declaradas ilegales. Explica que esto ocurre bien cuando los gobiernos europeos no notifican a la Comisión la concesión de estas subvenciones a determinadas empresas o cuando, habiéndolo hecho, se actúa antes de que Bruselas haya hecho un análisis sobre su compatibilidad con las reglas para garantizar la competencia en el mercado europeo.
Cuando Bruselas declara que una ayuda pública es ilegal, el Gobierno que la otorgó tiene que recuperarla desde sus beneficiarios. De lo contrario, la Comisión puede demandar al Estado miembro en cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TUE).
Tras España, los Estados miembros con mayor número de procedimientos de devolución en marcha son Italia (con 11), Alemania (7) y Francia (6). Estos tres países representan el 49% de los informes de recuperación pendientes, pero la Comisión señala el gran número de casos cerrados en Alemania, país que redujo el número de procesos pendientes de un 47%, en 2004, a un 14% en 2007. Además, el balance recoge que 16 países de los Veintisiete no mantienen ningún informe de devolución en marcha.
En líneas generales, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, destacó que Bruselas ha logrado reducir el tiempo que toma para realizar el examen preliminar de cada procedimiento, pero lamentó la "falta de compromiso" de los Estados miembros a la hora de informar de manera "completa" desde el inicio. En cerca del 80% de los casos notificados la información original fue considerada "incompleta" y la Comisión tuvo que solicitar más datos.
DECISIONES DE LA CE
España también se sitúa entre los países que registraron un mayor número de ayudas de Estado durante el año 2007. En este punto, la Comisión indica que solo el 8% de las 859 subvenciones registradas ese año no fueron notificadas por el Estado miembro implicado, sino que fue el Ejecutivo comunitario el que inició el procedimiento de control tras conocer de la existencia de la ayuda.
Italia lideró el grupo de Estados con más notificaciones realizadas, con un 15%, seguido de Alemania (12%), de España (12%), Francia (9%) y Reino Unido (6%). En la mayoría de los casos, las subvenciones públicas se destinaron al sector de la industria y servicios (53%) y de la agricultura (33%), seguidos del sector transportes (8%) y de la pesca (6%).
Así las cosas, en 2007 la Comisión tomó una decisión final sobre 629 procedimientos abiertos. Del total, la decisión adoptada por Bruselas fue aprobar las ayudas de Estado sin necesidad de un procedimiento formal en el 87% de los casos, al considerar que el subsidio era compatible con las normas aplicables o por no considerarlo una ayuda de Estado. Las decisiones negativas que piden la recuperación del montante representan un 3% y un 2% en el caso de las que no exigen la devolución.
MAS AYUDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
El balance de la Comisión Europea señala un "mayor uso de las posibilidades que ofrecen las normas sobre ayudas de Estado para apoyar proyectos en materia de protección del medio ambiente". En siete años el incremento ha sido "significativo", en gran parte gracias al "aumento de las reducciones o exenciones fiscales medioambientales", explicó Bruselas en un comunicado.
La comisaria de Competencia, Neelle Kroes, consideró estos datos "estimulantes" y aseguró que esta tendencia "será reforzada con las nuevas directrices sobre ayudas al medio ambiente" adoptadas por el Ejecutivo comunitario en enero de 2008.
De las 350 ayudas de Estado que en 2007 se enmarcaron dentro de las destinadas al medio ambiente, el 98% fueron consideradas compatibles con las normas de la Comisión Europea. Fuentes comunitarias explicaron que el control al que son sometidas este tipo de subvenciones son "necesarias" porque ayudan a "resolver las dudas" que pudieran provocar en algunos Estados.
Según el balance de la CE, el gasto total en medidas con fines medioambientales se dobló entre 2001 y 2006, pasando de 7.000 millones de euros a 14.000. Así, en términos relativos la ayuda medioambiental se incrementó en un 50% en proporción al PIB. Sin embargo, al observar estos datos por Estados, Bruselas constató "importantes disparidades", ya que la mayoría de países, incluido España, concedieron ayudas de este tipo inferiores a un cuarto de la media de los Veintisiete en términos de PIB.
