Creen que encarecerá y ralentizará la Justicia y rechazan que los abogados ejerzan de procuradores según una encuesta
El proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales sigue dando muchos quebraderos de cabeza. La reforma auspiciada por el Ministerio de Economía ha suscitado innumerables protestas de distintos colectivos judiciales que la han rechazado de plano.
Ahora, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) pone cifras a este descontento: nada menos que el 70 por ciento de los profesionales de la Justicia, entre jueces, magistrados, secretarios de juzgados y funcionarios judiciales, consideran que el Proyecto de Ley "será perjudicial para el funcionamiento de la Justicia".
Así se deriva de la encuesta de Sigma Dos, solicitada por los procuradores y presentada ayer por su presidente, Juan Carlos Estévez, que ofreció otros datos nada tranquilizadores.
De este modo, el 73,7 por ciento de los encuestados considera que la norma supondrá un encarecimiento de los procesos judiciales derivados de la liberalización de precios que acarrea la reforma a través de la supresión del sistema de aranceles -de modo que los honorarios sean fijados libremente con los clientes-. Una liberalización en la que hasta un 65,2 por ciento ve un riesgo de "pérdida de control ético de la profesión", ya que "facilitará el intrusismo y la competencia desleal".
También ofrece la encuesta datos acerca de la eliminación de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, uno de los puntos que contiene la reforma más denostado por ambos colectivos, ya que supone que el trabajo del procurador podrá ser realizado indistintamente por un procurador o un abogado. Más de la mitad de los consultados muestra su oposición a la medida, un 53,1 por ciento, frente a un 26,7 por ciento que se manifiestan a favor de la compatibilidad del ejercicio.
Menos eficiencia y agilidad
Por si esto fuera poco, la mayoría de los consultados opina que la Administración de Justicia "se hará menos eficiente" y hasta el 65,1 por ciento piensa que "afectará a la agilidad en la tramitación de los procedimientos". A este respecto, lamentó Estévez que la Justicia ya está mal considerada entre los ciudadanos, precisamente por su lentitud, la norma ayuda a que haya "más dilaciones todavía". E insistió en que, el principal perjudicado de esta "ley nefasta" va a ser el ciudadano. Algo, añadió, "fácilmente comprensible por todo el mundo menos por el Ministerio de Economía" que, a su juicio, y en vista del descontento mayoritario de los que trabajan en el sector de la Justicia, "debería reflexionar".
Una "desaparición paulatina"
Con estos datos, una vez más el presidente de los procuradores mostró su preocupación por el riesgo de "desaparición paulatina" que corre la procura, en tanto que frente a los 150.000 abogados sólo hay 10.000 procuradores. Si bien los grandes despachos, opinó el presidente, continuarán contando con sus procuradores, no lo harán los pequeños y medianos que no cuenten con tantos medios.
No obstante, la encuesta ofrece un dato "muy satisfactorio" en palabras de Estévez: el 71,1 por ciento de los profesionales preguntados consideran que los procuradores contribuyen a agilizar la Justicia. Y es más, un 82,1 por ciento valora su trabajo bien o muy bien, frente a un 23,1 por ciento que opinan que no ayudan a esa agilización.
