El Estado ha rebajado de 37 a 35 días el plazo de pago a sus proveedores, según la vicepresidenta. Seis meses después de publicarse el informe de la CORA, se han aplicado el 20% de sus medidas.
Las medidas aplicadas en el marco de la reforma de las Administraciones permitieron ahorrar 30.000 millones de euros en gastos corrientes sólo en 2012, incluyendo al Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Esta cantidad se habría alcanzado con el recorte del gasto en personal, así como con otras medidas de racionalización. Con estas cifras bajo el brazo, que no terminó de justificar, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tachó ayer de falsa la idea de que la reducción del déficit público acometida por el Gobierno del PP se haya debido más a la subida de impuestos, que al ahorro de gasto.
Al mismo tiempo, Sáenz de Santamaría incidió en que este margen permitió al Ejecutivo destinar 10.000 millones de euros más al pago de intereses de la deuda (que ascendió a 26.000 millones de euros) y a las prestaciones por desempleo.
No es de extrañar que, una vez conocidos estos datos, el sindicato de funcionarios CSIF reaccionase de forma fulminante. En concreto, reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que compense a los empleados públicos con ese ahorro de 30.000 millones a raíz de la fusión, integración o extinción de organismos públicos.
En un comunicado, CSIF incidió en que gran parte de ese ahorro recae sobre "las espaldas" de los empleados públicos, tanto en la pérdida de puestos de trabajo como en el menor poder adquisitivo. "Es de justicia compensar el sacrificio realizado", ahora que las previsiones económicas son mejores, puntualizaron. Asimismo, reclamaron que la fusión de los organismos públicos no se traduzca en una nueva pérdida de puestos de trabajo. Medio año después de haber presentado esta reforma, se han puesto en marcha todas las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) envió al Ejecutivo el pasado 21 de junio. De ellas, se han aplicado íntegramente 44, el 20 por ciento del total. Otras 175 se encuentran en ejecución y no hay ninguna que no haya echado a andar.
Racionalización pública
El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al proyecto de ley de racionalización del sector público, que permitirá ahorrar otros 33,5 millones. Para ello, el Ejecutivo ya ha solicitado a las comunidades autónomas que supriman o reduzcan organismos como los Defensores del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, un tipo de decisiones que algunos gobiernos territoriales siguen resistiéndose a adoptar.
Santamaría destacó que todas las decisiones adoptadas a raíz del informe de la CORA han servido para reducir la Administración y sus gastos, mejorar la unidad de mercado y terminar con las facturas en el cajón. La número dos del Gobierno subrayó la importancia de la ley contra la morosidad y, en concreto, el hecho de que el Estado haya reducido de 37 a 35 días el plazo de pago a sus proveedores. Lo cierto es que el objetivo de las leyes de control de la deuda comercial y de factura electrónica, que entraron en vigor al comenzar este año, buscan poner fin a la morosidad en las administraciones, de forma que éstas no excedan el plazo máximo de 30 días, en el pago de las facturas con sus proveedores, como exige la legislación comunitaria.
De las 219 medidas recomendadas por la CORA, 137 afectan directamente a Estado, comunidades autónomas y otras administraciones y 82 atañen en exclusiva a la Administración General del Estado. Liquidación de consorcios
El proyecto de ley incluye, además, un régimen jurídico sobre los consorcios relacionado con sus efectos, liquidación y plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio. El motivo de ello es que la normativa actual no preveía la liquidación de consorcios cuando ya no estaban operativos. Así, en la futura ley se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y uno básico para los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización de la Administración Local.
Esta misma semana, un informe publicado por el Tribunal de Cuentas dio a conocer que el número de consorcios creados por las tres Administraciones se había multiplicado por diecisiete desde mediados de los años 80, y que el pasado ejercicio superaban ya el millar. Lo más llamativo es que este crecimiento exponencial no se había visto secundado por un aumento similar de las competencias locales. Por otra parte, y según el mismo estudio, a lo largo de 2012 su número sólo se había reducido de 1.167 a 1.029.
Extinción de organismos
El Gobierno ha ido aprobando, además, diversas normas para eliminar, fusionar e integrar organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles o fundaciones. En concreto, ha suprimido en términos netos 53 de ellos y ha actuado sobre un total de 67. Estas actuaciones se suman a la refundición de ocho organismos reguladores en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya está operativa, entre otras.
Entidades locales y regionales
Los datos dados a conocer el viernes revelan que CCAA y entidades locales han mantenido el esfuerzo de adelgazamiento de su sector público. De esta forma, las autonomías habrían reducido un total de 751 entidades y organismos, el 31,75 por ciento de los 2.365 existentes en julio de 2010, cuando se inició este proceso. El año pasado fue especialmente prolijo en este proceso, de forma que el número de organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades empresariales ha pasado de los 5.713 de hace cuatro años a los 4.697 contabilizados actualmente. Esto supone una reducción del 18 por ciento, o lo que es lo mismo, regresar en este ámbito a niveles del año 2000.
Agencia Española de Consumo
El Consejo de Ministros celebrado ayer también sirvió para dar luz verde, a través de un Real Decreto, a la refundición del Instituto Nacional de Consumo y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo, denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El Consejo de Ministros aprobó, igualmente, una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.
Servicio Público de Empleo
Otra de las decisiones adoptadas supone en la práctica que, únicamente el Servicio Público de Empleo Estatal tendrá observatorio de las ocupaciones. En concreto, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría explicó que se busca evitar duplicidades con otras administraciones públicas. A partir de ahora, será sólo el observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal el que analice la situación y las tendencias de nuestro mercado de trabajo. También se ocupará en exclusiva de la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado.
Con esta línea de actuación, el Gobierno pretende evitar la ineficiencia que plantea la superposición de los distintos observatorios de las Administraciones Públicas en el ámbito del empleo, con un objetivo claro, mejorar su utilidad.
Personal de Justicia
Por último, el Consejo de Ministros decidió que las comunidades autónomas puedan en el futuro jubilar a personal de la Administración de Justicia. En concreto, y a propuesta del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, se aprobó un anteproyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial referido a esta cuestión.
La norma permitirá delegar en las comunidades autónomas, que han asumido esas competencias, la gestión de la jubilación del personal de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio. Se persigue agilizar los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las autonomías que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado poco operativos y costosos, lo que producía, además, un incremento de la litigiosidad. La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas con funciones meramente administrativas, que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica.
Los funcionarios piden una compensación por el ahorro del gasto público
