La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reclamado este viernes al Gobierno una compensación a los empleados públicos tras el ahorro registrado en el gasto del conjunto de las administraciones públicas de 30.000 millones de euros en 2012. Así ha sido la rueda de prensa en la que la vicepresidenta ha anunciado el ahorro.
El sindicato entiende que gran parte de este ahorro ha recaído sobre las espaldas de los empleados públicos, tanto en la pérdida de puestos de trabajo, como en la pérdida de poder adquisitivo registrado a lo largo de los últimos años. Por tanto, afirma que ahora que, según el Gobierno, los indicadores y previsiones económicas han mejorado, es "de justicia" compensar el sacrificio realizado.
Por otra parte, CSI-F considera que el Ejecutivo debe renovar su compromiso para que la fusión de organismos públicos no se traduzca en una nueva pérdida de puestos de trabajo, y ha reclamado la convocatoria de las mesas de negociación en todos los departamentos afectados para garantizar la estabilidad del empleo público.
Por último, ha asegurado que velará en todo momento por que los procesos de reducción de organismos públicos se produzcan salvaguardando las condiciones de los trabajadores y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
30.000 millones en ahorro por racionalización
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado este viernes que el ahorro del gasto del conjunto de las administraciones públicas en 2012 alcanzó los 30.000 millones de euros, tanto por el recorte de las partidas destinadas a personal como por otras medidas adoptadas de racionalización del sector público.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta afirmó que este dato desmiente las afirmaciones de que la reducción del déficit público se ha conseguido más por el incremento de los impuestos que por la reducción del gasto público. "No es así", aseguró.
Además, indicó que dicho ahorro ha permitido que el Estado pueda destinar 10.000 millones de euros más tanto al pago de los intereses de la deuda pública como a la partida de la prestación por desempleo.
El Gobierno cifra en 30.000 millones el ahorro
