El Tribunal Constitucional acaba de dar un paso en favor de los trabajadores que se enfrenten a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En una sentencia del pasado 2 de diciembre (BOE de 8 de enero), concede el amparo a un empleado que cometió un error en su recurso contra la decisión de la autoridad laboral, responsable de dar luz verde al ERE.
En este caso, el trabajador solicitó amparo del Constitucional debido a que, a su juicio, la resolución de la Dirección General de Trabajo que autorizó el ERE en el que se vio envuelto habría infringido el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, siendo contrario a su derecho a la tutela judicial efectiva. Pidió también que se anularan las resoluciones judiciales por las que se inadmitió a trámite su recurso contra la decisión administrativa.
También el Ministerio Fiscal pidió que se concediera el amparo al trabajador, ante una decisión judicial "excesivamente rigorista y desproporcionada", aunque no se pronunció sobre la lesión del artículo 14 de la Constitución.
Como respuesta, el Tribunal reconoce que "aunque fuera verdad, como afirman las sentencias recurridas, que no existía ningún obstáculo jurídico cierto a que el recurrente hubiera impugnado la resolución administrativa con fundamento, asimismo en la infracción del artículo 14 de la Constitución Española [cosa que no hizo en un primer momento y que provocó el cierre del proceso], esa comprobación resulta inocua y no sirve, en cualquier caso, para calificar su conducta procesal de negligente o poco atenta ni, en consecuencia, de justificar la decisión de la inadmisión del recurso".
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Valdés Dal-Ré, cuenta con dos votos particulares. El primero de ellos, formulado por el magistrado González-Trevijano, defiende la no concesión del amparo, del mismo modo que el segundo, del magistrado López y López, niega tal rigorismo.
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