La privatización de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) cumplirá estas Navidades un año, con el concurso recurrido al Supremo, y con un plan de inversiones pendiente y que el consorcio liderado por Acciona no cuantifica respecto al primer ejercicio.
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
Según publica este lunes 'Economía Digital', la planificación de la concesión de la Generalitat marcaba que este 2013 la adjudicataria del servicio tenía que poner en marcha 20 iniciativas destinadas a mejorar la red de distribución Ter-Llobregat, que da servicio a 4,5 millones de ciudadanos de Barcelona y su área de influencia, y apunta a que están en fase inicial y no han trascendido al papel.
Respecto al ritmo inversor del primer año, del que se han licitado actuaciones, desde el Ejecutivo catalán señalan que el pliego del contrato obliga a completar el total de inversiones en el conjunto de la década, con el reparto anual que el adjudicatario considere adecuado.
Según datos de la ACA, actualmente hay ocho actuaciones en curso destinadas a mejorar puntos de la red de la ATLL y nuevas conexiones en zonas de las comarcas del Vallès Oriental y Anoia, así como mejoras en las potabilizadoras de Cardedeu y Abrera.
139 MILLONES EN 10 AÑOS
Acciona cuenta con un plan de obras a diez años vista con previsiones anualizadas que suma una inversión de ATLL de 139,2 millones de euros, que la Generalitat debe supervisar, ya que los trabajos se deben licitar en concurso público, y la Agencia Catalana del Agua (ACA) debe revisar los proyectos de ejecución.
El concurso se adjudicó en noviembre de 2012 y entró en vigor el 1 de enero de 2013 envuelto en la polémica por las denuncias que presentó el otro consorcio que optaba al contrato, Agbar.
Una de las iniciativas de Agbar fue acudir al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), adscrito a la Generalitat y especializado en resolver cuestiones de contratación pública.
Este órgano, al día siguiente de entrar en vigor el contrato, el 2 de enero, emitió una resolución en la que consideraba que Acciona debería quedar excluida del concurso público por el incumplimiento del pliego respecto a condiciones de la oferta relacionadas con el plan de obras, lo que rechazan tanto la Generalitat como Acciona.
