El organismo fiscalizador advierte de que ministerios como el de Defensa usan la encomienda para "suplir deficiencias de plantilla"
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas cree que los ministerios, las agencias y los organismos autónomos del Estado abusan del uso de la encomienda de gestión, sin que exista ningún estudio de mercado que avale esta opción como la más económica, y además avisa de que los márgenes de rentabilidad que cobran las empresas públicas por esta vía pueden ser considerados en muchos casos ayudas del Estado y, por tanto, ser susceptibles de sanción por parte de la UE.
Así lo recoge en el Informe de Fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública por los ministerios, agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del Estado entre 2008 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda define la encomienda de gestión como una relación contractual para ejecutar una obra, realizar un suministro o prestar un servicio a cambio de una contraprestación económica a un ente u organismo que cumpla determinados requisitos, y centra su análisis en algunas encomendatarias del sector público como el BOE, la Fábrica de Moneda y Timbre, Tragsa, Red.es, Segittur o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre otras.
MÁS DE 1.951 MILLONES.
Además, señala que este tipo de relación contractual es uno de los métodos jurídicos "más utilizados" en la actualidad, cifrando en 2.083 las encomiendas de gestión realizadas por ministerios, organismos autónomos y agencias estatales entre 2008 y 2012, por un valor total de 1.951,8 millones de euros.
En concreto, el Ministerio de Defensa fue el departamento que más veces recurrió a esta opción en ese periodo, con 531 encomiendas autorizadas, aunque fue el Ministerio del Interior el que más dinero gastó por esta vía, rozando los 825 millones de euros de inversión.
Sin embargo, en muchos de estos expedientes el Tribunal de Cuentas ha detectado "irregularidades relevantes", sobre todo relativas al criterio utilizado para la fijación de las tarifas para la retribución de los contratos.
"Con carácter general, el criterio utilizado es el que atiende a los costes reales de producción, tanto directos como indirectos, a los que se añaden márgenes para atender desviaciones e imprevisiones que varían en función de la entidad encomendataria. Estos porcentajes, sin embargo, no se liquidan, siendo de aplicación directa tengan o no lugar las desviaciones o imprevistos", critica el Tribunal de Cuentas.
Además, señala que en muchos casos las tarifas incluyen también un "margen de rentabilidad", que "no entra dentro de la lógica y la coherencia jurídico-económica de la encomienda de gestión ya que las entidades encomendatarias se financian con fondos públicos, con lo que no asumen el riesgo del empresario particular".
En este sentido, el órgano fiscalizador avisa de que "ese exceso de financiación sobre los costes reales puede ser considerado como ayuda pública, sobre todo en el caso de las entidades que actúan en el mercado, siendo dicha financiación susceptible de ser considerada como perturbadora de la competencia", lo que puede ser incluso sancionado por las autoridades comunitarias.
Por eso, el Tribunal recomienda eliminar estos márgenes, circunscribiendo las tarifas únicamente a los costes reales de producción, así como acompañar el catálogo de tarifas de un "análisis de precios comparados con los del mercado" para "evitar que a través del sistema de las encomiendas se mantengan artificialmente entidades no operativas cuyos costes de infraestructuras excesivamente dimensionados se trasladen como costes fijos, encareciendo injustificadamente la ejecución del objeto del encargo".
También sugiere "consagrar la opción económicamente más ventajosa como principio inspirador de la elección en el ámbito de los encargos de gestión", visto que no hay pruebas de que la encomienda lo sea; homologar el tratamiento del IVA en este tipo de contratos, ya que algunos departamentos lo aplican pero otros no; y que los márgenes para desviaciones o imprevistos sean debidamente justificados y liquidados en cada caso, y no cobrados siempre, incluso cuando no son necesarios.
SUBCONTRATACIONES.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas señala que en algunos expedientes --por ejemplo, del Ministerio de Defensa-- se concibe la encomienda de gestión como "un medio para suplir necesidades de personal y no sólo necesidades técnicas", por lo que el organismo recuerda que este mecanismo no sirve para "suplir deficiencias de plantilla de carácter permanente".
Además, critica que la "amplitud" del objeto social de algunas entidades encomendatarias como Tragsa o Segipsa hace que sean usadas como "medio para todo", y que luego estas sociedades acaben subcontratando con terceros la mayor parte de la ejecución de las encomiendas, actuando así como "simples intermediarios" lo que "orilla el régimen de contratación legalmente previsto" y "encarece el precio" de la encomienda.
Y ello a pesar de que la subcontratación en el caso, por ejemplo, de Tragsa sólo puede aplicarse al 50% como máximo del presupuesto total de la encomienda, límite que ha sido incumplido en el 25% de los expedientes analizados. Por eso, se recomienda revisar el tipo de encargos que pueden llevar a cabo estas sociedades.
Y, en tanto no se proceda a esa exigencia, se plantea que el Estado establezca "limitaciones" a la actividad que se puede subcontratar, además de que en ningún caso se puedan cargar costes por esa contratación con terceros de los trabajos encargados y que antes de adjudicar una encomienda se confirme que el encomendatario tiene "medios efectivos" para llevar a cabo la tarea.
Por último, el Tribunal señala que no hay criterios homogéneos sobre el contenido y la forma de las encomiendas, que en muchos casos hay irregularidades relacionadas con la justificación y determinación del presupuesto de las encomiendas y que en ocasiones las irregularidades acaban subsnándose a través de la convalidación del Consejo de Ministros.
Por eso, sugiere al Gobierno que haga una regulación integral de estos contratos para "dotarlos de mayor seguridad jurídica, homogeneidad y controles", y que obligue a los departamentos que hacen el encargo a "justificar detallada y exhaustivamente" la necesidad de realizarlos mediante encomienda, así como la "mayor economicidad y eficiencia de esta vía frente a la contratación en el mercado".
