La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, denuncia que el Gobierno central no está cumpliendo la Ley de Morosidad al superar el plazo de 30 días permitido para abonar las facturas con proveedores, y quiere saber cuánto están costando esos retrasos a las arcas públicas por las indemnizaciones e intereses que se suman a la deuda.
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
En una pregunta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, la líder de la formación magenta alude al último informe de la Intervención General del Estado, según la cual el Gobierno central pagó a sus proveedores de bienes y servicios en unos 37 días de media durante el segundo trimestre del año, plazo que supera los 40 días en el caso de algunos ministerios como el de Agricultura o hasta los 42 días si se miran las facturas de inversiones.
Por eso, Díez quiere saber qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que la Administración General del Estado cumpla la normativa vigente, ya que leyes actualmente en tramitación como la de Factura Electrónica o Deuda Comercial, que persiguen reducir la morosidad pública, no se aplicarán en principio al Gobierno central.
Además, la diputada vasca reclama información detallada sobre el promedio de días de retraso en cada ministerio, las indemnizaciones por costes de cobro e intereses de demora que se han abonado anualmente desde 2011 y cuál es el total reclamado y pendiente de abono actualmente por esos intereses de demora.
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