MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una modificación de la Ley General Presupuestaria que habilita al Ministerio de Economía y Competitividad a autorizar operaciones de depósito a plazo y la colocación de fondos en cuentas tesoreras ante la "inminente" decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no retribuir o, incluso, penalizar el depósito de fondos de entidades públicas en los bancos centrales después del cierre diario de operaciones.
En este sentido, el Real Decreto Ley que prevé la segregación de Adif en dos entidades públicas incluye también una modificación del artículo 108.2 de la Ley General Presupuestaria para habilitar que el ministro de Economía y Competitividad pueda autorizar la realización de operaciones de depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras, además de las ya contempladas de préstamo y adquisiciones temporales de activos.
"La urgencia de esta modificación viene dada por la inminente decisión, por parte del Banco Central Europeo, de no retribuir o, incluso, penalizar el depósito de fondos de las entidades del sector público de los distintos Estados miembros en los bancos centrales después del cierre diario de operaciones", ha explicado el Gobierno.
Desde julio de 2012, el BCE no remunera los depósitos de las entidades en las cuentas del banco central al cierre de cada jornada, aunque Mario Draghi ha reconocido que el Consejo de Gobierno de la institución está "técnicamente preparado" para aplicar un interés negativo a la facilidad de depósito, lo que, en la práctica, supondría cobrar a las entidades que prefieran guardar su liquidez en la 'hucha' del BCE en vez de prestarla o invertirla.
En una carta remitida el pasado mes de septiembre por Mario Draghi al eurodiputado Ramón Tremosa i Balcells, el banco central reconoce al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como entidad válida para participar en las operaciones de liquidez realizadas por el BCE.
En su carta, Draghi reconocía que la liquidez suministrada por el BCE "no está destinada a ningún propósito en particular" y, por lo tanto, las entidades participantes "son libres de usar los fondos recibidos según sus propios intereses y decisiones de gestión de riesgos".
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