El cese de la inspectora del Departamento de Grandes Contribuyentes por desobediencia al no haber consultado con la Dirección antes de denegar el recurso planteado por la cementera mexicana Cemex, coincidió con las negociaciones para la revisión del tratado de doble imposición entre España y México. Cemex si habría sido la causa de la polémica destitución en la Agencia Tributaria.
Esta revisión, solicitada por la Administración tributaria mexicana, se inicio al considerar que había algunos artículos considerados improcedentes, tal y como ocurrió antes con la Hacienda argentina.
La inspectora debía responder a las alegaciones de la sociedad española del grupo Cemex ante las actas levantadas en disconformidad, con una sanción de 450 millones de euros, por diferencias de interpretación en torno a ciertas deducciones que la Inspección considera que no correspondían y que había intención de engañar al fisco.
Abierta la vía contenciosa
La empresa aún tiene abierto el camino de los tribunales económico-administrativos para reclamar y, posteriormente, la vía judicial hasta llegar al Tribunal Supremo.
Como consecuencia de este cese, que supuso la salida de un puesto de libre designación, presentó su dimisión Santiago Ucelay, jefe de la cesada, que tenía categoría de jefa adjunta, por desacuerdo con la sanción impuesta a la funcionaria.
Seguidamente, le siguieron otras ocho dimisiones, entre ellas la del jefe adjunto. Todos ellos han sido ya sustituidos por otros funcionarios, según ha quedado constancia en el BOE del pasado lunes.
En la misma línea, se planteó la dimisión del director de la Inspección, Luis Jones, por discrepancias con el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Éste ha reconocido que Jones dimitió por la situación que se había creado en su departamento. "Yo le pedí que esperara, que no era el momento, y que pensaba hacer una remodelación con el año cerrado", añadió.
La máxima tensión se vivió el pasado jueves cuando el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, afirmó en el Parlamento, al tratar de explicar los cambios en la cúpula de la Agencia, que "el equipo estaba lleno de socialistas".
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha dicho este martes que ni pide el carné político ni le interesa la ideología de ningún funcionario, ya que considera que pensar igual que otra persona no es garantía de mayor entendimiento a la hora de trabajar juntos.
Menéndez reconocía ayer, en declaraciones a Onda Cero, que el hecho de que ex altos cargos de la época socialista ocupen máximas responsabilidades en la Agencia es algo "absolutamente normal" que "no genera ningún problema". Diferenció entre los funcionarios que pasan de puestos de libre designación a otros puestos de libre designación, y entre los que pasan de puestos de libre designación a puestos de concurso. Es en este segundo caso cuando, en su opinión, se puede hablar "estrictamente" de cese.
Aseguró que en lo que va de legislatura se han destituido a 104 funcionarios de la Agencia Tributaria que ocupaban puestos de libre designación, mientras que en igual periodo de la primera legislatura socialista de Rodríguez Zapatero fueron destituidas 119 personas, un 12 por ciento más.
Estas cifras contrastan con las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, del pasado lunes, en el transcurso de su intervención en un foro económico, que indicó que los cambios que se han producido en la Agencia "no llegan a diez personas" de una plantilla total de 27.000 profesionales.
Ferre explicó que "no existe ninguna crisis ni hay ningún caos en la Agencia Tributaria a raíz de la marcha de algunos altos cargos e inspectores del organismo".
AEAT: Montoro dará explicaciones
