El ministro de Finanzas, George Osborne, ha informado en la presentación en el Parlamento Británico de su informe de otoño que, basándose en las cifras de esperanza de vida, tal y como recoge la legislación británica, la edad de jubilación para acceder a una pensión pública se elevará hasta los 68 años a mediados de la década de 2030 y a 69 a finales de la década de 2040.
Osborne, ha asegurado que el "duro trabajo" realizado por el pueblo británico y el plan económico del Gobierno están "dando sus frutos", aunque anunció que el Ejecutivo seguirá adoptando "decisiones difíciles", como un aumento de la edad de jubilación en el medio plazo o nuevos recortes en el gasto social.
"Buscamos una recuperación responsable. Una en la que no malgastemos los logros que hemos alcanzado, pero en la que vamos a tomar decisiones difíciles. Una en el que no repitamos los errores del pasado y en la que preveamos las burbujas de la deuda antes de que amenacen la estabilidad financiera", aseguró.
En concreto, destacó que, aunque está bajando, el déficit sigue siendo demasiado elevado y exigela adopción de más medidas difíciles, así como que, pese a unas mejores previsiones de crecimiento, la productividad es aún demasiado baja y requiere más reformas económicas.
Asimismo, incidió en que hay que hacer frente a los elevados impuestos a las empresas y a las bajas exportaciones, y remarcó que, aunque los ingresos disponibles de los hogares están aumentado, aún se sienten los efectos de la crisis financieras en sus presupuestos y el coste de vida.
Recorte del gasto social
En este contexto, Osborne anunció que el próximo año volverá a reducirse la partida pública destinada al gasto social, aunque aseguró que este recorte no afectará a las pensiones públicas básicas, así como tampoco a la mayoría de los subsidios de las personas que buscan un empleo.
Por el contrario, esta reducción sí afectará al resto de beneficios fiscales, como la gran mayoría de las ayudas a la vivienda o los créditos fiscales de ayudas a la renta.
Además, el Gobierno reducirá en 3.000 millones de libras (3.610 millones de euros) el gasto de las administraciones públicas en los próximos tres años, aunque no afectará ni a la Sanidad ni a las escuelas.
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