El resultado de la reforma de las Administraciones Públicas dependerá, en gran medida, de la buena disposición que muestren las comunidades autónomas, de que finalmente quieran acogerse o no a la batería de medidas propuestas por la Comisión creada a tal efecto. Medidas que pasarían por una eliminación de los Defensores del Pueblo autonómicos, de los tribunales de cuentas regionales, de las dos Agencias de Protección de Datos a nivel autonómico (de Cataluña y País Vasco) o de la supresión de buena parte de los observatorios que duplican trabajos y costes a nivel ministerial o territorial, entre otras.
El borrador presentado ayer por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), publicado ayer por el Ministerio de Hacienda, deja pendientes de cuantificar un buen puñado de medidas, para las que tampoco detalla una fecha concreta de aplicación.
Un ámbito en el que siguen sin apuntarse actuaciones concretas es el de los observatorios. El documento hace hincapié en la necesidad de racionalizar su número, pero sigue sin poner fechas para ello y tampoco incluye cálculo alguno de lo que pudiera implicar su racionalización. Tanto a nivel ministerial como autonómico, y dedicados a materias como las tecnologías de la información, el turismo, la igualdad o el mercado de trabajo, el texto incide en que son económicamente ineficientes, ineficaces en cuanto a que sus competencias son meramente consultivas y además, en muchos casos varios observatorios operan a la vez sobre ámbitos idénticos.
Actualmente, las autonomías que cuentan con un mayor número de observatorios son Cataluña, Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Andalucía. En el extremo contrario se encuentran Castilla-La Mancha, Cantabria o Baleares.
Defensores del pueblo
Del informe elaborado por la Cora se desprende que si las once comunidades autónomas que aún conservan su propio Defensor del Pueblo eliminasen esta figura para acogerse al amparo del Defensor del Pueblo estatal conseguirían un ahorro de 90,3 millones de euros en apenas tres años. De acuerdo con los presupuestos autonómicos, el Defensor del Pueblo cuesta cada año a las autonomías 32,1 millones de euros, una cantidad que contrasta con los 16,02 millones que, según el informe, costaría cada ejercicio que el Defensor del Pueblo Estatal asumiese las competencias de sus colegas regionales.
De acuerdo con el texto publicado por la Comisión para la reforma de las AAPP, tramitar una queja cuesta de media 835,78 euros en las autonomías, frente a los 414,19 euros que invierte en el mismo proceso el Defensor del Pueblo estatal. De esta forma, con la racionalización de esta figura, que propone el Ejecutivo, el coste medio de cada queja se reduciría a 228,57 euros. En la actualidad Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco mantienen su propio Defensor del Pueblo o figura similar (Sindic de Greuges en el caso catalán o Ararteko en el vasco).
Tribunales de Cuentas
Trece autonomías mantienen, según datos del Gobierno, Tribunales de Cuentas en su propio territorio (son los Órganos de Control Externo u OCEX), unas instituciones fiscalizadoras que si se eliminasen y y derivasen todas sus competencias al Tribunal de Cuentas estatal permitirían una reducción de costes de 136,78 millones de euros en tres años (o de 45,59 millones en el primer ejercicio de aplicación de esta medida).
Todas las autonomías, salvo Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia cuentan con su propio Tribunal de Cuentas, que de acuerdo con el estudio muestran claras ineficiencias como un bajo rendimiento de los recursos a ellos destinados, las desigualdades que genera el hecho de que no todas las CCAA cuentan con esta institución, la dificultad de obtener resultados uniformes y en los mismos plazos a la hora de fiscalizar aquellas políticas que son competencia de las propias autonomías, así como la diferente estructura, composición, funciones e incluso resultados de los OCEX regionales.
Protección de datos
El camino hacia una mayor eficiencia de las AAPP y una necesaria contención del gasto pasaría también por poner fin a las dos Agencias de Protección de Datos autonómicas existentes, la catalana, con un presupuesto de 2,8 millones de euros para el actual ejercicio, y la Vasca con una partida de 1,6 millones de euros en 2013. Los expertos que conforman la Cora estiman que si las dos se eliminasen el ahorro alcanzaría 1,7 millones el primer año y se multiplicaría por cuatro en apenas tres años, para alcanzar los 7,5 millones de euros.
Oficinas en el exterior
El Gobierno ha venido planteando la posibilidad a las CCAA de que instalen personal y medios de sus oficinas comerciales, de representación o de turismo en las embajadas de nuestro país en el exterior, con la idea, no solo de reducir costes, sino de aunar esfuerzos a nivel estatal y autonómico o colaborar en la captación de inversiones extranjeras y llevar a cabo una promoción conjunta de los destinos y productos españoles.
El informe elaborado por la Cora pone de manifiesto la dispersión y las ineficiencias que se generan cuando cada región, por su cuenta, abre una oficina en el exterior y les pone cifras. Con cada delegación autonómica en el exterior que se ha integrado en la nacional se ha logrado un ahorro de 65.180 euros de media, lo que ha permitido, además, al Estado dejar de gastar 8.813 euros por oficina.
Si finalmente se incorporasen a cada embajada española en el extranjero las 132 oficinas autonómicas afincadas en el exterior, el ahorro total para el conjunto de las Administraciones sería de 22,04 millones de euros en un periodo de tres años (19 millones para las comunidades autónomas y 2,6 millones para el Estado). El plazo de integración previsto sería de 36 meses, de acuerdo con lo recogido en la Ley de Acción y del Servicio Exterior, que se tramita actualmente en el Senado.
Registro Único de Fundaciones
La existencia de un registro único de fundaciones de competencia estatal y dependiente del Ministerio de Justicia ya estaba prevista por ley en 2002. Once años después ese registro sigue sin existir. La idea del Ejecutivo es que este órgano incorpore los actos de las fundaciones que, o bien operen en el conjunto del Estado, o que centren su actividad en más de una comunidad autónoma. Actualmente varios ministerios dedican recursos a las tareas de Registro y Protectorado de Fundaciones. El texto elaborado por la Cora no cuantifica el impacto económico que supondría la creación de este "fichero" único.
Agencias de Meteorología
El Gobierno sí cuantifica, sin embargo, el ahorro que supondría para la Generalitat suprimir su servicio de meteorología (el Servei Meteorologic de Catalunya o SMC), en concreto, el Ejecutivo de Artur Mas gastaría 3,6 millones menos al año y cerca de 11 millones menos en tres ejercicios. La cifra aumentaría si también se eliminasen duplicidades por las estaciones redundantes que, según el informe, "suponen un gasto innecesario". Del mismo modo, el texto propone eliminar MeteoGalicia y Euskalnet y calcula que si los tres servicios desapareciesen el ahorro total se elevaría a 26,46 millones en tres años.
El documento publicado por Hacienda incorpora un total de 120 medidas relativas a las duplicidades entre Administraciones que incluyen: la supresión de organismos similares al Centro de Investigaciones Sociológicas en Cataluña, Andalucía y País Vasco (que permitiría ahorrar 4,85 millones); la publicación en una plataforma única de todas las licitaciones del sector público estatal y de las CCAA; que todas las AAPP asumiesen los certificados electrónicos, o la planificación conjunta entre Estado y autonomías en materia de gestión de carreteras, entre otras.
El Gobierno prevé un ahorro de 230 millones
