Economía.- CiU propone 'premiar' en la adjudicación de contratos públicos a las empresas con más conciencia social

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición para modificar las leyes de Contratos del Sector Público y de Subvenciones con el objetivo de 'premiar' en las adjudicaciones a las empresas que incluyan en sus propuestas medidas de cohesión social e integración de discapacitados, en lugar de valorar únicamente las condiciones técnicas y económicas de las ofertas.

En su proposición de ley, que recoge Europa Press y que habrá de debatirse en el Pleno del Congreso, los nacionalistas catalanes recuerdan que "la contratación pública puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales", y no sólo a "abastecerse en las condiciones más ventajosas desde un punto de vista económico" únicamente.

"No deberíamos posibilitar una transferencia de fondos públicos a empresas que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad. Sería mucho más lógico utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas que, además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad medioambiental", añaden.

Y, para ello, es necesario que en la valoración de las ofertas presentadas a contratos públicos se cuantifiquen tanto las ventajas económicas como los beneficios sociales, dando así cumplimiento además a una de las recomendaciones incluidas en el informe de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, aprobado por unanimidad de la Cámara Baja en junio de 2006.

DISCRIMINAR POSITIVAMENTE

Para hacer posible esta discriminación positiva en el estrecho margen que deja la normativa comunitaria y la legislación española vigente, CiU plantea varias modificaciones en la Ley de Contratos Públicos, con el objetivo de lograr que la Administración no tenga ningún contrato con quien infringe la regulación actual en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Por eso, propone que para participar en la licitación de un contrato vinculado a acciones de fomento del empleo sea obligatorio acreditar que la empresa cuenta con un 2% de trabajadores con discapacidad o que ha adoptado las medidas alternativas correspondientes. En el resto de contratos públicos, esta prueba debería presentarse antes de formalizar el contrato por parte del ganador.

Tampoco debería obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora con la Administración ninguna entidad que no cumpla con la reserva de empleo para trabajadores con discapacidad que exige la legislación.

Los nacionalistas catalanes proponen asimismo incorporar en el objeto del contrato criterios sociales, de tal manera que puedan ser reclamados como el resto de estipulaciones de la adjudicación. Entre otros criterios, podrían incluirse el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación de Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la propuesta técnica, el porcentaje0 de plantilla indefinida que ejecutará el contrato o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos y los estándares laborales, entre otros.

LEY DE SUBVENCIONES

Lo mismo debería exigirse en la solicitud de subvenciones públicas, de forma que queden excluidos de su acceso quienes no acredite la reserva del 2% de empleo para discapacitados, quienes "incumplan las normas que favorecen a las personas con discapacidad o quienes realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas", sobre todo si han sido condenadas por ello.

"Sería una burla a las leyes que sujetos que han sido condenados e el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas obtengan beneficios o subvenciones como precio a su comportamiento", explica CiU.

Con respecto a los Centros Especiales de Empleo, el Grupo Catalán cree que debería "ahondarse en la reserva de contratos" para estos organismos al "no haber alcanzado especial aplicación práctica" la reserva actualmente exigida por la normativa. Con el objetivo de "garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades", se propone concretar la magnitud de la reserva, incorporar también a las empresas de inserción y eximir de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados.

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