Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias han mostrado su rechazo a la reforma local, al considerar que supone un "recorte en democracia" y una invasión de sus competencias autonómicas, y han anunciado que si el Gobierno no rectifica, acudirán al Tribunal Constitucional para defender sus respectivos Estatutos y la autonomía local.
Así lo han manifestado el consejero de Economía y Conocimiento catalán, Andreu Mas-Colell, el vicepresidente andaluz y consejero de Administración Local, Diego Valderas, el consejero asturiano de Presidencia, Guillermo Martínez Suárez, y el de Canarias, Francisco Herández Spínola, minutos antes de que diera comienzo la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta que este martes analizará la incidencia autonómica de la reforma local.
"Confiamos en que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Si no, deberemos llegar al conflicto institucional e iremos al Tribunal Constitucional, aunque preferiríamos evitar este escenario", ha manifestado el consejero catalán. "Si no hay una modificación sustancial y se publica tal cual, el Gobierno de Canarias lo llevará al Constitucional", ha agregado el representante canario.
Fuerte rechazo
La reforma local de las Administraciones públicas fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio y se encuentra en pleno trámite parlamentario.
Pese al fuerte rechazo que ha encontrado de toda la oposición, que ha presentado un total de 400 enmiendas al texto, el Ejecutivo popular confía en que se apruebe este año y entre en vigor en 2014. A tenor de los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aplicación de la reforma local significará un ahorro de 8.016 millones entre 2014 y 2019, que es el plazo de implantación de las novedades.
En la norma se contempla la devolución por parte de los municipios a las CCAA de las competencias en educación, servicios sociales y sanidad.
El 64% del ahorro total, 5.127 millones de euros, procederán de la eliminación de los llamados gastos impropios de los ayuntamientos, de la reducción del sector público local y del traspaso de la gestión de ciertos servicios a las diputaciones provinciales.
400 enmiendas para modificar la reforma local