MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Las empresas que estén presentes en más de una comunidad autónoma deberán elegir qué región consideran la de origen para acogerse a su regulación, a efectos de la aplicación de la unidad de mercado, cuya ley reguladora será aprobada de forma definitiva este jueves en el Pleno del Congreso.
Tras su tramitación en la Cámara Baja, donde la norma sufrió modificaciones como excluir a las farmacias, los servicios de taxi y de alquiler de vehículos con conductor y otras concesiones demaniales del nuevo sistema de declaración responsable, de tal manera que estos servicios seguirán necesitando una licencia, el Senado ha modificado el proyecto de ley con una decena de propuestas del PP, que ahora deben recibir el visto bueno del Congreso.
Aunque la mayor parte de esos cambios son de escasa relevancia, sí destaca la inclusión de una nueva disposición para clarificar que las empresas que estén instaladas en más de una comunidad autónoma deberán elegir una autoridad de origen, cuyas reglas se le aplicarán en el resto del territorio nacional.
Hasta el momento en que se produzca la comunicación de la decisión, la autoridad de origen será la del lugar donde el operador ejerce la dirección efectiva, gestión administrativa y dirección de negocio, o en su defecto, la del lugar donde se estableció en primer lugar.
ENTRADA EN VIGOR
Además, aunque con carácter general esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Cámara Alta ha decidido que los artículos relativos a la eficacia nacional de las autorizaciones de una comunidad, las nuevas responsabilidades de supervisión y los procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos gocen de un plazo de transición de tres meses.
El resto de modificaciones incorporadas al proyecto de ley en el Senado son correcciones de errores o de carácter técnico, para precisar aspectos como que si las comunidades no logran acordar el formato común de intercambio de información será el Ministerio de Hacienda el que tenga la última palabra o que el plazo máximo para que se produzcan estos intercambios será de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.
