El nuevo Comité Técnico de Cuentas Nacionales verificará los contratos de las AdministracionesRevisará las sociedades del sector público para determinar cuáles pueden computar en el déficit.
Controlar y supervisar las cuentas de todas las administraciones públicas para aflorar gastos no presupuestados. Ese es el cometido prioritario que el Ministerio de Hacienda encomendará al nuevo Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que tendrá también la facultad de verificar los contratos formalizados por las comunidades autónomas y la corporaciones locales.
Este nuevo organismo de fiscalización de las cuentas públicas nace en el marco de la Ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estará integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España y la Intervención General del Estado, y se le asignarán dos tipos de funciones: por un lado, la valoración y comprobación de las operaciones económicas del sector público, con especial atención a los contratos de colaboración público-privada; y, por otro, la revisión de todas las sociedades que pertenecen o dependen de las Administraciones Públicas para determinar cuáles deben formar parte, o no, del sector público empresarial y computar, por tanto, para la determinación del déficit.
Se trata, en palabras de responsables del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, "de potenciar y desarrollar las facultades de contraste y verificación del Estado para mejorar la transparencia y la fiabilidad de las cuentas públicas".
Para ello se va a establecer un mecanismo intensivo de visitas y diálogo directo, similar al que la oficina de estadísticas comunitaria, Eurostat, aplica a los estados miembros de la UE, como resultado de las cuales el Comité emitirá los informes preceptivos que serán comunicados a la autoridad fiscal.
El control de las cuentas por parte del Comité se ejercerá ya sobre las correspondientes a este año 2013, aunque los responsables de Hacienda aseguran que las desviaciones "serán mínimas y no afectarán al cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con Bruselas".
En paralelo a la creación del Comité, y también dentro del contexto de reformas en la contabilidad pública, desde el Gobierno se va a establecer un sistema de auditorías de las cuentas de los Ministerios que avale los datos de la ejecución presupuestaria suministrados por cada Departamento. Además adelantará a 2014 la obligatoriedad que establece la Ley de la Factura Electrónica, de remitir todas las facturas a la Oficina de Contabilidad.
Respecto a la revisión de las sociedades públicas, el Comité, que no es sino la institucionalización reforzada del grupo de trabajo que el INE, el Banco de España y la Intervención mantienen desde 1990, aplicará la llamada "regla del 50 por ciento", es decir que sólo aquéllas que se financien en un 50 por ciento con los ingresos derivados de su actividad podrán seguir formando parte del sector público.
Los responsables de Hacienda estiman que las consecuencias de esta revisión sólo afectarán a una o dos sociedades de la Administración Central, y a una cifra similar en el caso de las autonomías. En este punto resaltaron el caso de Adif que "deberá segregar sus negocios rentable de los que no lo son.
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