La Comunidad de Madrid aprobará hoy un paquete de medidas con el que tratará de blindar algo más a los consumidores contra las prácticas comerciales consideradas abusivas. Esta reforma de la Ley de Consumo incorpora como infracciones el acoso telefónico de promociones o la realización de falsas revisiones de gas, entre otras, e incluye sanciones que oscilarán entre los 300 euros en caso de infracciones leves y los 601.012 euros en el caso de las más graves.
Entre otras actividades, la región penalizará a aquellas compañías que den de alta a los consumidores en servicios no solicitados o a las que pongan dificultades a estos para darse de baja o cambiar de operador. El Ejecutivo autonómico de Ignacio González multará a las que no garanticen al menos durante cinco años los repuestos de sus productos.
Se trata de prácticas comerciales que han aflorado en los últimos años como consecuencia, en algunos casos, de la crisis económica y de sus consecuencias.
Esta modificación de la ley tiene por objeto, además, incorporar propuestas de resolución de conflictos en los que la Administración ejercerá el papel de mediador. De esta forma, Madrid podrá llegar a acuerdos con las grandes compañías, que tienen un número de reclamaciones muy similar y, en la inmensa mayoría de los casos, por motivos muy parecidos.
Quejas más habituales
Una de las quejas más comunes de los consumidores madrileños tiene que ver con la adquisición de productos que luego carecen de repuestos, lo que obliga al ciudadano a comprar otro producto nuevo por el simple fallo de una única pieza. Sólo desde enero se han presentado un total de 1.260 reclamaciones por esta circunstancia. La ley exige que cualquier bien que se ponga a la venta cuente con repuestos durante al menos cinco años. La multa en caso contrario se situará entre 300 y 600 euros.
Del mismo modo, se incorporan sanciones por incluir clúsulas abusivas en las condiciones generales de los contratos y en las ofertas publicitarias. El objetivo es evitar que en cualquier sector se incorporen claúsulas como las de suelo en el caso de la banca. Sólo hasta octubre las quejas formalizadas por este motivo superan las 1.100.
La nueva ley tipifica las denominadas prácticas abusivas, en relación con las altas de suministros que el titular no solicitó o con exigencias injustificadas para modificar el contrato que ya se tiene. Un ejemplo muy evidente es el del comercial de una compañía eléctrica que persuade a un cliente para que le entregue una factura de la competencia y cambie de suministrador y por el que el consumidor firma, sin saberlo, un contrato de mantenimiento de servicio. A la vez, se incorpora la figura de la amonestación por escrito por parte de la Administración para requerir que se subsanen las deficiencias en cuestión.
La reforma regula la denominada "letra pequeña" de los contratos sobre productos o servicios para evitar párrafos escritos en tono gris claro, o una tipografía demasiado pequeña que disuaden de su lectura al consumidor.
El Gobierno aprueba la Ley de Consumo