Son las personas, y no las regiones, quienes pagan impuestos. En consecuencia, sólo las balanzas fiscales personales serán un instrumento fiable para diseñar políticas que mejoren la redistribución de la renta sin perder eficiencia ni malgastar recursos.
Con este argumento, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) aboga por un modelo de intervención pública que soslaye el concepto balanza fiscal territorial y, en su lugar, tenga como fin elevar los incentivos al empleo y, por tanto, al crecimiento mediante políticas que reduzcan los tipos impositivos marginales y que, por otro lado, deriven el gasto público a los grupos de población más necesitados.
Herramienta falaz
Las balanzas fiscales territoriales miden, en teoría, la brecha entre lo que cada comunidad aporta y recibe del Estado. Según el IEE son la mera suma de las personales de cada territorio. Y una misma región puede arrojar saldo positivo o negativo según la vía de cálculo. Esta disparidad -hasta 40 balanzas distintas- es suficiente para cuestionar esta herramienta con "enorme cautela", explica el director general del IEE, Juan Iranzo.
Por otra parte, del uso de este instrumento derivan algunos "victimismos" territoriales que alientan el debate político en medio de la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Si la herramienta es "controvertida", aduce el IEE, redistribuir renta y servicios -sanidad, educación, subsidios, etc.- en función de ella, llevará a resultados no equitativos y con un "coste brutal" en términos de eficiencia.
Aportar más de lo que recibe
Que Madrid, Baleares o Cataluña tengan balanzas fiscales regionales deficitarias significa que su ciudadano medio aporta más de lo que recibe por razón de su renta, pero no del territorio. Por tanto, elevar el gasto público en las CCAA cuyos residentes aportan más no soluciona el problema de las balanzas individuales, sino la financiación regional, explica el director del Servicio de Estudios del Instituto, Gregorio Izquierdo.
Sobre estas bases, el IEE aboga por un modelo de gasto público que garantice el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su renta, al mismo nivel de servicios. También solicita incentivos fiscales al empleo, concebido como "oportunidad de partida" para el acceso a la prosperidad y, en este sentido, pide una reforma fiscal que reduzca los tipos marginales, pues la bajada de los impuestos a las rentas más bajas, por sí misma, no fomenta ni aviva el empleo.
En esta línea, estiman que las reformas impositivas en España han atenazado la capacidad redistributiva del sistema. Por el contrario, aplauden iniciativas de algunas CCAA que "liberan incentivos", como la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que estiman injusto e ineficiente.
Tres obstáculos
Son tres los escollos que alteran el equilibrio del actual modelo, según el director del Servicio de Estudios del IEE, Gregorio Izquierdo. Por un lado, la redistribución se produce entre individuos del mismo nivel de ingresos. Sobre todo, clase media con clase media. Por otro, el fraude tanto en impuestos como en percepción de ayudas y subsidios supone un lastre para la equidad. En último lugar, la figura de los buscadores de rentas, principales beneficiados de medidas no diseñadas, en principio, para ellos. Un ejemplo de ella es la vivienda protegida. No siempre se asigna a quienes menos recursos tienen, y otros con mayor renta, tras recorrer algún vericueto, la consiguen.
