Economía.- La Izquierda Plural dice que la Ley General de Telecomunicaciones avanza en la "desregulación" pública

br /> MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Izquierda Plural ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley general de Telecomunicaciones al considerar que la normativa avanza en la "desregulación" pública para "beneficiar" la actividad de los "grandes grupos privados" telecomunicaciones.

Para el grupo parlamentario, esta Ley supone un "abandono de toda capacidad pública", retirando de poder regulatorio a los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Así, como ejemplo, Izquierda Plural ha señalado que con la Ley se elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den las licencias y, de este modo, las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil van a desaparecer "totalmente". De igual forma, se limita la posibilidad de que los vecinos se opongan a la instalación de las antenas.

"La indefensión ciudadana va a ser mucho mayor y recordamos los centenares de casos de protestas, manifestaciones y concentraciones que se han producido ya en infinidad de lugares de todo el Estado cuestionando la ubicación de estas antenas", ha aseverado el Grupo.

El Grupo Parlamentario ha criticado además que la Ley no sirve para adoptar medidas que permitan proteger potenciales impactos contra la salud de los ciudadanos y anula el derecho a la regulación que se debe hacer desde los ayuntamientos, "que son la institución más cercana al ciudadano".

Por otra parte, la Izquierda Plural ha indicado que en el proyecto, que establece que los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de verificar que los terceros a cuya disposición ponen su red disponen del titulo habilitante para utilizar el espectro, se crea un "gran riesgo de discriminación" que perjudicará a las pequeñas operadoras y beneficiará "por enésima" vez al operador dominante.

"Por muy comprensible que pueda ser nuestra voluntad de desarrollar la tecnología que facilite la comunicación móvil entre las personas, este objetivo no se puede priorizar por encima de la protección de la salud, ni por encima de derechos como el de inviolabilidad del domicilio", ha indicado el Gurpo Parlamentario.