Santander, 7 ago (EFECOM).- La directora general de los Registros, Pilar Blanco-Morales, reconoció hoy que "el Estado se siente muchas veces impotente en la lucha contra la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal", porque las bandas superan "las fronteras físicas y jurídicas" con una "facilidad inusitada".
Blanco-Morales explicó hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) algunas de las principales novedades del proyecto de ley de prevención del fraude fiscal que en la actualidad está en tramitación en el Senado, dentro de un curso sobre delincuencia económica organizado por el Consejo General del Notariado.
"El Estado, en esta lucha contra la criminalidad organizada, contra el blanqueo de capitales y contra el fraude fiscal, se siente muchas veces impotente. La sociedad de los medios de comunicación, de los medios tecnológicos en la que actualmente vivimos hace que las bandas organizadas puedan, con una facilidad inusitada, superar las fronteras físicas y las fronteras jurídicas", dijo.
La directora general explicó, en conferencia de prensa, que "sin instrumentos que permitan la puesta en común de informaciones dispersas y el análisis de operaciones individualizadas", la información que recogen a diario las oficinas de los notarios, los registros y otras instancias "no se puede utilizar en beneficio de las políticas de prevención del fraude fiscal".
Resaltó, por ello, la importancia de una de las medidas que contempla la reforma legal en tramitación, que otorga a la Administración Tributaria "acceso directo" a los índices de documentos de las notarias y le permite solicitar a los notarios copia de aquellos documentos de los que sospeche algún fraude.
El Consejo General del Notariado y los notarios en su conjunto también está "muy preocupado por la utilización que se hace de los documentos notariales como instrumentos para perpetrar delitos en esta materia", según explicó hoy su presidente, José Marqueño.
"El notario, por su propia función y por su condición de funcionario público, está obligado a controlar la legalidad, pero los delitos económicos son cada vez más complejos, más sofisticados, y se escapan del control del notario en la soledad de su despacho. Por eso es necesaria una reacción de carácter corporativo", señaló el portavoz de este colectivo.
El Consejo General del Notariado ya ha tomado algunas medidas de prevención, como la creación de una base de datos centralizada a la que se vuelcan todos los documentos autorizados en todas las notarias de España, que además permite cruzar operaciones.
También ha creado un órgano de prevención que el año pasado revisó 1.750 operaciones sospechosas, de las que se derivaron 70 comunicaciones al servicio de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España, el SEPLAC.
"Por eso hemos recibido con satisfacción la reforma en materia de prevención del fraude fiscal que ha propuesto el Gobierno y que ahora está en el Senado, porque da al notario una participación significativa en la lucha contra ese tipo de fraude", dijo Marqueño.
El presidente del Consejo General del Notariado coincidió con la directora general en la importancia de disponer de instrumentos que permitan cruzar datos y obtener información relevante de operaciones aparentemente desconectadas.
Marqueño explicó que hay operaciones que "no tienen ningún viso de irregularidad" por sí solas, pero "cuando se ponen en conexión con otras operaciones que se hacen en otras localidades y que se hacen por otros notarios, demuestran un resultado final delictivo".
"Esa es la virtud de poder cruzar los datos en la base centralizada que tenemos en el Consejo, porque evidentemente, en este tipo de delincuencia, nadie es tan torpe como para ir a una notaría a realizar una operación palmariamente delictiva", añadió. EFECOM
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