Economía.- PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y el Grupo Mixto del Congreso mantienen su rechazo a la ley de Unidad de Mercado

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, el PNV y la mayor parte de las formaciones del Grupo Mixto en el Congreso mantienen su rechazo al proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que consideran recentralizadora y desreguladora y que, temen, llevará a una competencia normativa a la baja entre las comunidades autónomas para atraer actividad.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves durante el último debate de esta norma en la Cámara Baja antes de enviarla al Senado, donde continuará su tramitación. El texto ha vuelto al Pleno por tratarse de una norma orgánica, y todo apunta a que en la votación se mantendrá el apoyo del PP y la abstención de UPyD que ya se produjo en la Comisión de Economía.

Así, la mayor parte de los portavoces han reproducido los argumentos de su rechazo que ya han puesto de manifiesto durante los pasos anteriores de la tramitación. El socialista Joan Rangel ha asegurado que el PSOE no está "ni a favor de la hiperregulación ni de la desregulación", sino que apuesta por una "regulación eficiente" que tenga en cuenta el modelo territorial español

Sin embargo, a su juicio la propuesta del Gobierno recentraliza y desregula el mercado, haciendo coexistir en un mismo espacio autonómico diversas normativas, lo que creará "inseguridad, caos y desprotección". "Dan una solución ficticia a un problema real. No se va a solucionar nada, y se van a generar muchísimos problemas", ha pronosticado, poniendo como ejemplo la liberalización de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, que ha hecho que "se vaya a peor", lo que sucederá a partir de ahora con otras normativas.

PERSIGUEN UN OXIMORON

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha acusado al Ejecutivo de plantear un "oximoron" con esta normativa, que persigue que "haya autonomía política sin diversidad regulatoria" y que "provocará los efectos contrarios" de los que dice perseguir: una "profunda inseguridad jurídica", un "proceso de uniformización en la desregulación" y casos de 'dumping' desregulador.

"Es cierto que hay una sobreabundancia normativa y escasa cultura de colaboración institucional, pero la hiperactividad normativa no es imputable en exclusiva a las comunidades o los ayuntamientos, y el loable objetivo de facilitar un entorno amable a las empresas no puede llevar a dar marcha atrás en la construcción autonómica", ha añadido, criticando que la "centralización regulatoria" redundará en beneficio del mercado, no del Estado

También CiU cree que la norma introduce "graves alteraciones del orden constitucional", en palabras de la diputada Inmaculada Riera, que ha lamentado que no se haya apostado por el diálogo y el acuerdo de normas comunes y se haya preferido en su lugar "la vía directa de la recentralización y la uniformización" que, en este caso, creará además una "discriminación negativa" hacia los operadores económicos no españoles.

"La normativa puede tener un objetivo loable, pero el fin no justifica los medios, y el protagonismo deben tenerlo las comunidades autónomas, no el Estado", ha dicho, alertando también de la "cuestionable" decisión de empujar a los gobiernos regionales a hacer "regulaciones de mínimos" en lugar de apostar por una "regulación responsable de cada territorio y por la difusión de las prácticas más efectivas y eficientes".

POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD

El diputado del PNV Emilio Olabarria ha ido un paso más al alertar de que el artículo 17 de la norma --que prevé las excepciones en que se podrá requerir una autorización adicional-- es "una atrofia manifiestamente inconstitucional". "¿Este artículo lo ha redactado una persona en su sano juicio o un trastornado?", ha llegado a preguntar.

Asimismo, ha reprochado al PP que esté "recentralizándolo todo" y ha criticado que se "ignoren las competencias autonómicas al socaire de la uniformidad". También ha señalado que la prevalencia de la normativa de origen creará "disfunciones" y ha rechazado la desregulación "peligrosa" que se propugna, incluso "ampliando y contradiciendo los contenidos de la directiva europea de servicios". "Es una ley sencillamente impresentable", ha zanjado.

Por ERC, Teresa Jordà cree que esta norma da el "pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas, que ganará quien más desregule" y ha criticado el "centralismo y la homogeneización" que persigue el Ejecutivo. "Lo que llaman maraña legislativa es el estado autonómico, y lo que llaman obstáculos a la circulación de bienes y servicios son derechos sociales", ha añadido.

Ana Oramas (CC-NC) también cree que se generará una "distorsión" cuando las leyes de una comunidad se "impongan y desplacen" a las de otras, y ve un "disparate" la "falta de seguridad jurídica" que se introduce con esta normativa. En la misma línea, Olaia Fernández Davila (BNG) ve el texto "uniformador, desregulador y centralizador" y cree que "invade competencias, impidiendo a las regiones desarrollar sus políticas propias en multitud de ámbitos".

MEJOR ESTA LEY QUE LA SITUACION ACTUAL

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, cree sin embargo que "la situación actual es tan mala que no hacer nada sería peor" incluso que esta ley, a la que su grupo ha aportado algunos cambios en el trámite de enmiendas, lo que motivó su abstención en Comisión que se mantendrá en el Pleno.

No obstante, el diputado cree que "el Estado abdica de su papel, tiene miedo a que le digan que invade competencias, y prefiere quitarse de en medio en vez de normalizar la regulación con una ley básica". "Debería aclarar los requisitos mínimos en cada sector y simplificar la legislación, no circunvalar la maraña legislativa", ha dicho, rechazando también los "incentivos a la deslocalización y la desregulación" que provocará la norma.

Unos riesgos que el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha negado asegurando que "existe un problema y se le busca dar solución" pensando en las familias, las empresas y, sobre todo, las pymes y los autónomos, a quienes más perjudican los obstáculos al libre establecimiento en todo el territorio nacional.

"Esta ley no arregla los problemas del mundo pero es un paso adelante para que en España las empresas y los profesionales tengan más capacidad de competir con mas eficacia. Eso es empleo y porvenir", ha dicho el diputado, insistiendo en que la norma "facilitará la competencia, la eficacia y la eficiencia" de la economía.

También ha defendido el artículo 17 que, según él, sólo busca "delimitar los casos para los que se necesita una autorización y evitar que se exijan permisos desmesurados por todas las administraciones". Asimismo, ha negado cualquier intento de recentralización, recordando que se da a las comunidades "capacidad para regular y que esta regulación sea trasladable" a otras regiones.

"Me sorprende que a quienes defienden el marco autonómico les dé miedo que las comunidades regulen, y que digan que van en una carrera desenfrenada no se sabe dónde", ha dicho, explicando por último que si no se ha presentado una ley armonizadora con carácter básico es porque el PP ha optado por el camino de "facilitar la vida a esas empresas" respetando las normativas autonómicas y garantizando su cumplimiento.

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