Economía.- PSOE, CiU y ERC rechazan la Ley de Deuda Comercial porque vulnera la autonomía financiera de las comunidades

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han presentado enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley orgánica de Control de la deuda comercial en el sector público argumentando que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y criticando, en el caso de las dos formaciones catalanas, que el Estado no se aplique a sí mismo las exigencias de pago que reclama a las administraciones territoriales.

En la enmienda socialista, que recoge Europa Press, se valora el objetivo del proyecto, que no es otro que garantizar el cumplimiento de la directiva de lucha contra la morosidad, que fija un plazo máximo de 30 días para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores, de tal manera que no se financien a través del sector comercial, con las consecuencias negativas que tiene este fenómeno para toda la economía al extenderse los retrasos por toda la cadena productiva.

Sin embargo, el PSOE cree que el proyecto del Gobierno "no cumple las tres reglas" que deben caracterizar el marco regulatorio, y que son respetar las competencias autonómicas e implicar a todas las administraciones en el equilibrio de las finanzas públicas, preservar la financiación del Estado de Bienestar, y diseñar instrumentos "eficaces" y "de posible cumplimiento práctico".

MAS BUROCRACIA Y MENOS EFICIENCIA

También los nacionalistas de CiU comparten el objetivo de controlar el endeudamiento público y luchar contra la morosidad, particularmente la que afecta al sector comercial, y califican de "positivo" que se articule un mecanismo de liquidez que permita a las comunidades autónomas cumplir con los 30 días de pago.

Sin embargo, creen que el texto propuesto por el Ejecutivo supone "incrementar la burocratización" al imponer un mayor "control e intervencionismo" de la Administración General del Estado sobre comunidades autónomas y ayuntamientos, "aprovechando su dependencia financiera". "Así, un mecanismo que debería ser bueno para el funcionamiento de la economía está articulado bajo la desconfianza, ignorando el principio de eficiencia y simplificación", critica CiU.

Asimismo, cree que la imposición de este "control político" sobre las administraciones territoriales "ahonda en las desigualdades jerárquicas", que ya existían a su juicio en la fijación de los objetivos de reducción de déficit y de deuda, lo que a la postre supone "erosionar la autonomía" de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

Finalmente, la formación critica que el Estado "no ha tenido la valentía" de exigir las mismas condiciones de transparencia informativa y publicidad que esta ley requiere a los gobiernos autonómicos --que deberán hacer público su periodo medio de pagos y quedan vinculados a un mecanismo automático de corrección y a medidas coercitivas para cumplir el objetivo de los 30 días--, cuando además el Ejecutivo central ni siquiera "muestra presteza en pagar deudas firmes" como las que mantiene con Cataluña en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut (759 millones, según CiU).

RECENTRALIZA Y VULNERA COMPETENCIAS

En la misma línea, los diputados de ERC rechazan un proyecto de ley que "desborda" las competencias del Estado al "imponer" medidas para controlar la deuda comercial de las administraciones territoriales en lugar de atender los problemas que a su entender causan los retrasos en los pagos a proveedores, como son "la centrifugación del déficit, el expolio fiscal y la falta de lealtad institucional".

"Muchas comunidades no pueden afrontar el pago a los proveedores y ello no se debe a la falta de controles", recuerdan los independentistas de Esquerra, que reprochan al Gobierno que no se aplique las mismas exigencias porque su objetivo real es la "defunción de la autonomía financiera" de las comunidades y dar un "paso más en el proceso centralizador" para crear un "marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea".

Finalmente, ERC también critica que con esta ley se pretenda "continuar con el desarrollo" de los principios que llevaron a modificar el artículo 135 de la Constitución y a aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo que "supone afectar gravemente a las políticas sociales" al causar una falta de recursos que "sirve como coartada para la privatización" de los servicios públicos.

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