La polémica rodea a las denominadas embajadas autonómicas y nadie se atreve a concretar cuánto cuestan. Oficiosamente, sin embargo, el PP maneja estudios en los que se calcula que ese tipo de organismos absorbían cerca de 150 millones de euros en 2010, el año en que más se extendieron. Y la situación actual da muestras de no haber cambiado sustancialmente según reconocen fuentes populares, un cálculo a los que también dan credibilidad en los partidos de la oposición no nacionalistas. Toda la información en la nueva edición de elSuperlunes.
Existen dos razones, según esas fuentes, para presumir de que todo sigue más o menos igual en lo que a las embajadas regionales concierne. Por un lado, su número apenas se ha reducido en los últimos tres años.
Así, en 2010, cuando el ajuste de las Administraciones Públicas todavía quedaba muy lejos, el desempeño de lo que ellos llaman su "acción exterior"exigía a los Ejecutivos regionales tener abiertas 190 oficinas de variada índole (comercial, cultural, abiertamente política...) por los cinco continentes. Ahora, de acuerdo con el recuento más reciente que ha hecho el Gobierno, datado en mayo de 2013, ha habido cierres desde entonces, pero todavía un número semejante, 149 de estas delegaciones, mantiene sus puertas abiertas.
La segunda razón que conserva el gasto diplomático autonómico inmunizado a los recortes estriba en que la columna vertebral de este sistema sigue inalterada. En otras palabras, las tres comunidades autónomas que suponen la parte del león en cuanto a despliegue en el extranjero (Cataluña, País Vasco y Andalucía) no están dispuestas a renunciar a su nutrida representación en otros países.
Precisamente para impulsarlas a que lo hagan, el Ministerio de Asuntos Exteriores se afana, desde finales del año pasado, por sacar adelante el proyecto de Ley mediante el que pretende unificar la labor diplomática española. El propósito de la norma, que volvió a ser objeto de debate en el Congreso la semana pasada, es ganar en eficiencia al lograr que las delegaciones regionales se integren en las instalaciones de las 118 verdaderas embajadas de las que el Estado ya dispone. Eso sí, Exteriores quiere minimizar los conflictos y, por ello, deja a la voluntad de las comunidades el sujetarse o no a esos planes unificadores.
Díaz lo dejó claro
Pero esos planes siguen sin gustar a los presidentes de las tres regiones más volcadas allende sus fronteras. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se lo dejó claro al propio ministro José Manuel García-Margallo el lunes pasado con el debate sobre el proyecto de ley del canciller a punto de volver a ser debatido en la Cámara Baja. Díaz negó que tuviera intención de cerrar ninguna de sus 21 embajadas actualmente en activo.
De hecho, Andalucía aumenta su apuesta: en 2012 su gasto en acción exterior ascendía a 4,3 millones de euros. En este ejercicio, de acuerdo con sus Presupuestos para 2013, el Gobierno de Sevilla ha elevado esa cantidad hasta los 7,4 millones de euros.
Las cuentas regionales arrojan algo de luz sobre hasta qué punto a las comunidades autónomas les gusta hacer política internacional. La región líder desde este punto de vista, Cataluña, destinó a este fin 27 millones de euros en 2012, el último año en el que la Generalitat pudo sacar adelante sus cuentas, y lo mismo hizo en 2013 (ya que hubo que prorrogar las dotaciones del ejercicio anterior).
El otro primer espada de la diplomacia autonómica, País Vasco, destinó a este fin casi 9,5 millones de euros en 2012. Navarra también presenta un dinamismo en este ámbito muy destacable, sobre todo teniendo en cuenta su reducido tamaño, ya que la partida que reserva a su diplomacia se encuentra en 4,8 millones de euros.
En su conjunto, el muy genérico capítulo identificado como acción exterior supuso un desembolso de 70 millones de euros el año pasado para el conjunto de las comunidades autónomas, según arroja el cotejo de todos los Presupuestos que sus respectivos Gobiernos elaboraron en el pasado ejercicio.
Pero seguirles la pista a las embajadas autonómicas es una tarea más difícil que no se agota en la comparación de las cuentas oficiales. No en vano el propio Ejecutivo reconoció, en respuesta parlamentaria, a finales del pasado mes de abril, que desconocía el coste de las 149 oficinas autonómicas de cuya existencia tenía noticia en ese momento (un cálculo que, por cierto, no ha vuelto a actualizar).
Ahorro de 65.000 euros
El tacto es la virtud de la que más gala está haciendo Exteriores a la hora de enfrentarse a este conflicto. Ya quedó en la cuneta su propósito inicial de forzar cierres en el caso de que las cuentas regionales mostraran déficit en su contabilidad.
En cuanto a sus propias estimaciones sobre costes de las pseudo-embajadas no han ido más allá de poner de manifiesto que sólo el cierre físico de las mismas supondría un ahorro de 65.185 euros al año por cada una que echara la persiana. En otros términos serían, en total, 10 millones ahorrados en cada ejercicio, asumiendo que las autonomías aceptaran clausurar la totalidad de las 149 oficinas que todavía se encuentran en activo.
Por otro lado, también según lo previsto, por el departamento que dirige García-Margallo, el hecho de que España hable con una sola voz en los cinco continentes puede ayudar a que la Administración central enjugue sus balances y obtenga recursos para poner bajo control el déficit.
No en vano el Estado ingresaría 8.813 euros al año en concepto de alquiler "moderado" por el uso de las instalaciones de una embajada concreta que absorbiera las funciones de una extinguida oficina autonómica.
Por tentadoras que sean las cifras de ahorro, la tarea se presenta ardua para conseguir la unificación de la acción exterior española. Además de las líneas rojas establecidas por Cataluña, Andalucía y País Vasco, lo cierto es que prácticamente todas las regiones se muestran reacias a no tener representación diferenciada, como mínimo, en Bruselas. Aducen, para ello, la gran cantidad de temas sensibles que se tratan en las instituciones europeas en materia de ganadería, agricultura, medio ambiente, legislación...
A qué fines responden
En el caso de la capital belga puede ser entendible la existencia de estas embajadas, pero: ¿qué ocurre con los otros cientos de casos? En la mayoría de las ocasiones, el objetivo de estas oficinas es comercial, se supone que trabajan a modo de puertas de acceso a los territorios en los que están asentados para sus empresarios paisanos.
Ahora bien, existe igualmente un porcentaje de ellas que están diseñadas para cumplir con otro tipo de propósitos que resulta más complicados de determinar. En efecto, de acuerdo con el Gobierno, al menos 25 de las actualmente existentes responden a fines que pueden calificarse como "políticos".
La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, reconoce que ésa es la razón de ser de sus llamadas delegaciones de Gobierno, situadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea (Bruselas).
La tupida red de representación internacional del Govern se ve complementada por los muy extendidos Centres de Promició de Negocis, a los que se suman las oficinas de la Agencia Catalana de Turismo o las propias del Instituto Catalán de Empresas Culturales, entre un total de una decena de clases diferentes de organismos que representan ante otros países a la región que preside Artur Mas.
Más embajadas autonómicas que del Estado
