La reforma de la Administración Local, en trámite parlamentario, tendrá efecto pleno a partir del año 2015.
La eliminación de las competencias impropias que asumen los ayuntamientos permitirá ahorrar 3.735 millones de euros los próximos seis años. Ésta es la piedra angular del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. De acuerdo con los datos enviados por el Gobierno a Bruselas el pasado jueves, la reforma municipal supondrá que las Administraciones dejan de gastar un total de 8.024 euros de aquí a 2019.
El Informe sobre la acción efectiva adoptada por España evidencia que el mayor ahorro se concentrará en el año 2015, con la reforma funcionando ya a pleno rendimiento. Al margen de esas competencias que los ayuntamientos dejarán de asumir, la ley les permitirá desembolsar 1.970 millones menos por la gestión integrada de servicios y de fusiones y dando lugar a una economía de escala. A esto se suma el adelgazamiento del sector público empresarial, que conllevará un ahorro adicional de 1.397 millones de euros. El traspaso a las comunidades autónomas de las competencias en Sanidad, Educación y Servicios Sociales permitirán ahorrar 837 millones (más de la mitad sólo en 2015).
En realidad, los objetivos de la nueva norma son cuatro: evitar duplicidades clarificando y simplificando las competencias de los ayuntamientos, racionalizar la estructura organizativa local, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y aplicar medidas liberalizadoras que impacten en la actividad económica de los municipios.
Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quiso enmarcar ayer los ajustes de más de 17.000 millones de euros que los propios ayuntamientos y las CCAA deberán acometer entre 2015 y 2016, en la senda de reducción del déficit ya prevista en el último programa de estabilidad remitido a Bruselas y que obliga a las administraciones locales a mantenerse en equilibro presupuestario.
Precisamente, los ayuntamientos vienen registrando en los últimos tiempos una situación presupuestaria más saneada. Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, estas entidades lograron un superávit de 1.931 millones de euros en el segundo trimestre, equivalente al 0,2 por ciento del PIB, aunque algo inferior al registrado al mismo periodo del año anterior, cuando ascendió a 2.303 millones.
Este descenso se explica principalmente por la caída en un 1,7 por ciento de los ingresos, que no pudo compensarse por el menor gasto en que incurrieron estas administraciones.
Delegaciones de Gobierno
El Ministerio de Hacienda envió ayer al Consejo de Ministros un informe donde se pone de manifiesto que las Delegaciones del Gobierno también han tenido que ajustarse el cinturón y sólo el año pasado consiguieron reducir sus costes en 16 millones de euros.
Las Delegaciones gastaron 10,4 millones menos en servicios corrientes, 4,2 millones menos en videoconferencias y el uso de la administración electrónica les permitió economizar su gasto en otro millón y medio de euros el último ejercicio. Al mismo tiempo, el número de efectivos en estas administraciones se redujo en el mismo periodo por encima del 5 por ciento, principalmente, a causa de la amortización de vacantes.
El mayor ahorro de la reforma llegará en 2015
