In extremis y en el tiempo de descuento, pero finalmente el Gobierno consiguió ayer evitar que, como ocurriera con la Ley de Educación, volviera a quedarse sólo en el respaldado a una de las reformas fundamentales incluidas en el Programa de Estabilidad. Al final fue el PNV quien retiró su enmienda a la totalidad del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tras alcanzar un acuerdo con el Grupo Popular para preservar las funciones y la autonomía de las diputaciones forales, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley del Concierto Vasco.
De esta forma, los votos de los nacionalistas vascos se sumaron a la mayoría del PP y al minoritario apoyo de Unión del Pueblo Navarro, para rechazar las nueve enmiendas a la totalidad del resto de los grupos de la oposición parlamentaria, para permitir la tramitación de una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que permitirá al Gobierno del Estado determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las corporaciones locales.
El propio ministro, Cristóbal Montoro, afirmaba en su intervención en defensa de la ley que "el coste efectivo de los servicios se calculará según una metodología que dará Hacienda, y antes del 1 de noviembre de cada año las Administraciones locales harán las cuentas y deberán publicar los resultados".
Es decir, que se sustituye el concepto suprimido del coste estándar -el coste máximo que debían tener los servicios para un municipio pudiera seguir prestándolos- por el del coste efectivo. Un cambio metodológico que es uno de los argumentos claves del Grupo Socialista para anunciar que llevará la reforma al Tribunal Constitucional.
El Gobierno "ha tratado de dar carpetazo a los elementos conflictivos como el coste estándar, sustituyéndolo por el concepto de coste efectivo, generando más problemas", aseguró el portavoz socialista, Gaspar Zarrías.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas alegó que para determinar ese coste efectivo "se tendrán en cuenta los costes reales conforme a los datos de ejecución de gastos" y calificó el modelo de "abierto y orientado a una administración por resultados". Además, justificó la retirada de la metodología del coste estándar para cumplir con la recomendaciones del Consejo de Estado y para "evitar interpretaciones de menoscabo alguno de la autonomía municipal".
Apoyo de los alcaldes
Es más, "se retiró a pesar de que era una medida bien valorada y recibida por quienes nos supervisan desde otros ámbitos, incluida la Unión Europea", apuntó Montoro.
Durante su alegato ante el Pleno de la Cámara, el ministro confirmó que "en un año" habrá un nuevo sistema de financiación local y reiteró que esta ley va a permitir que los ciudadanos reciban "el mejor servicio en las mejores condiciones de eficiencia y de coste".
Montoro explicó que en el proyecto del Gobierno se determinan con claridad las competencias que son propias de los municipios y las que pueden ejercer por delegación de las autonomías, con garantía de que sólo una Administración, y con financiación para ello, desarrollará ese servicio.
La ley incorpora además, una disposición adicional novena por la que las empresas municipales que no consigan financiar al menos el 51% de su presupuesto con los rendimientos de su actividad en el mercado tendrán que desaparecer obligatoriamente el 1 de agosto de 2015 si no se han disuelto antes.
Previamente al debate de las enmiendas de totalidad, Cristóbal Montoro había conseguido el apoyo unánime de los alcaldes del PP, tras reunirse con una treintena de ellos en una de las dependencias de la Cámara Baja.
De hecho, desde la Tribuna de Invitados siguieron el debate, además del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, los populares Ana Botella, de Madrid; Rita Barbera, de Valencia; e Íñigo de la Serna, de Santander. Este último, que es además el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), rebatió las acusaciones de la oposición respecto a que la reforma abre la puerta a la privatización de los servicios municipales, señalando que "la ley no contiene ningún precepto que permita atisbar, ni de lejos, que pueda haber un proceso de privatización de los servicios públicos municipales".
"Los alcaldes socialistas tienen en sus ciudades muchísimos servicios públicos privatizados pero "no hay nada en esta ley que diga que se modifica el sistema de gestión de los servicios públicos y no veo en qué artículo se puede sacar esa conclusión", añadió de la Serna, para quien tampoco está en peligro la prestación de los servicios de urgencia "porque las competencias en servicios sociales de primera atención sigue residiendo en los municipios".
Las empresas municipales que tendrán que cerrar
