El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha avanzado que en la reunión que mantendrá este miércoles con los inspectores de la OCDE, en el marco del seguimiento de la reforma de las administraciones públicas, les trasladará que la situación del sector público "no es buena".
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Borra ha concretado que CSI-F pondrá sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo un plan de reordenación de los recursos humanos y de evaluar el desempeño de sus empleados, así como la urgencia de que la Administración se siente a negociar de qué manera se pueden compensar los recortes que han sufrido los funcionarios en los últimos cinco años.
"Fuimos de los primeros en sufrir la crisis y no queremos ser los últimos en ver la luz", ha apuntado Borra, quien ha propuesto que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 se empiece por devolver, de acuerdo con lo que han mandatado diversas sentencias judiciales, la parte devengada de la paga de Navidad de los empleados públicos que fue suprimida en 2012, lo que tendría un coste aproximado de 1.500 millones de euros, "una décima parte de las ayudas a la banca".
"Vamos a trasladar a los partidos políticos que si se aproxima la salida de la crisis, se vincule a ella la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios de manera razonable, en un tiempo que se pueda asumir", ha añadido.
UN INTENTO POR ENFRENTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA.
Por otro lado, Borra también ha denunciado que existe "un intento de enfrentar al ciudadano con el empleado público", por el hecho de que en muchos casos tiene el empleo asegurado. Si bien, ha recordado que "no todos tienen la plaza en propiedad" y ha recalcado "no puede ser que una parte importante del peso de la crisis se haya hecho recaer sobre estos trabajadores".
Por último, preguntado sobre el informe de UGT que alerta de que se han multiplicado las jubilaciones anticipadas entre los funcionarios por la situación de incertidumbre que supuestamente están viviendo, Borra ha asegurado que este proceso es "normal".
En su opinión, después de que se hayan destruido 370.000 empleos en el sector público en los últimos años, los trabajadores que siguen tienen cada vez más presión y viven sin saber lo que puede pasar con su empleo o con sus salarios. "Eso hace que si en otros momentos habrían optado por seguir trabajando, ahora decidan no hacerlo", ha sentenciado.
