
La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas. El resultado de la lucha contra el fraude supone sólo el 19% de la evasión anual, según Gestha.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.
De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
A estos datos hay que sumar, indicó la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.
Asimismo, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas.
Perceptores falsos: ¿500.000 ó 60.000?
Durante su intervención, la vicepresidenta ha afirmado que el trabajo de verificación y de control del fraude en el desempleo ha ahorrado a los contribuyentes 3.161 millones, tras descubrirse, según sus palabras, 520.572 perceptores indebidos de estas prestaciones.
Esta declaración ha suscitado una gran polémica, y el Ministerio de Empleo se ha visto obligado a aclararla más tarde y a concretar que los casos de fraude en el cobro de prestaciones por desempleo rondan los 60.000 y no el medio millón como ha señalado la vicepresidenta.
¿Y a qué se debe el error? A que una gran mayoría de los 500.000 falsos parados a los que se refería la vicepresidenta lo son por problemas administrativos. Es decir, cerca de un 70% corresponde a suspensiones temporales por faltas leves: durante algún mes se les ha retirado la prestación por razones como no acudir a la cita previa o por no haber presentado algún papel necesario.
Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha indicado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.