Economía.- PP defiende la Autoridad Fiscal para evitar "la tentación de algunos" de gastar y transferir costes al futuro

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso el proyecto de ley de Autoridad Fiscal porque permitirá evitar el "sesgo cortoplacista" en las políticas fiscales, consistente en la "tentación de algunos de utilizar el gasto de manera aumentada en el presente y transferir a futuro su coste político a través del endeudamiento excesivo".

La portavoz adjunta del PP Matilde Asián ha sido la encargada de defender la creación de este nuevo organismo, que tendrá como objetivo "garantizar el cumplimiento por todas las administraciones públicas del mandato del artículo 135 de la Constitución, con una evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público y analizando las previsiones macroeconómicas".

"Es una ley fundamental para el presente pero sobre todo para el futuro. A nadie le debería estar permitido gozar de las ventajas políticas derivadas del gasto público y transferir al futuro, a los nuevos gobernantes, el coste político que se deriva, teniendo que hacer disminuciones del gasto o incrementos de impuestos", ha dicho, defendiendo que "garantizar que cada gobierno recauda lo que gaste" es necesario "por la calidad democrática y la lealtad debida por todos los grupos político al Estado".

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS EUROPEAS.

Tras recordar que esta ley da cumplimiento a una exigencia europea, Asián ha señalado que si España hubiera contado con este órgano antes "posiblemente hoy no habría la situación que hay" ni se hubiera incurrido en un "déficit público excesivo" que está conllevando "importantes esfuerzos" de la ciudadanía para corregirlo.

Por último, ha afirmado que las enmiendas que se han incorporado durante su tramitación buscan "mejorar la coordinación con las administraciones territoriales" y que si no se han aceptado más es porque el proyecto ya llegó al Congreso con "importantes aportaciones previas" que hacían innecesario mejorarla.

AUTORIDAD SI, PERO INDEPENDIENTE.

El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha subrayado que esta ley es "mucho más importante de lo que parece" porque en el actual contexto de crisis de deuda el país "se juega mucho" y una autoridad "verdaderamente independiente" y que no sea meramente "un nuevo negociado del Ministerio de Hacienda" será fundamental para salir de esta coyuntura económica.

Sin embargo, el Gobierno ha presentado una "solemne chapuza" con un organismo que "no es autoridad y no es independiente". "Eso nos va a costar muy caro", ha advertido. "Hoy aprobamos un proyecto de ley que no va a ayudar a salir de la crisis e incrementar la reputación de la economía española", ha dicho, acusando además al PP de "engañar a los ciudadanos" con sus "incumplimientos" de los compromisos electorales también en esta materia.

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, ve necesario que haya una autoridad de esta naturaleza, pero ha denunciado "con la mayor firmeza" la falta de independencia del órgano con su actual definición, tanto por el modo de elección del presidente, la duración de los mandatos, que no sea un órgano colegiado o quién redacta el estatuto, como por su forma de financiación.

Además, cree que sus funciones son "muy limitadas" porque no preparará previsiones sobre las que basar los cuadros macro sino que se limitará a evaluar las proyecciones de otros. Y tampoco definirá la metodología para hacer previsiones sino que sólo opinará sobre los temas que les permita el Gobierno. "Pero he de reconocer que en todo lo que tiene que ver con la independencia (el PP) ha sido muy coherente", ha ironizado finalmente.

Toni Picó, de CiU, coincide en que "si el proyecto de ley instrumentara una autoridad caracterizada por la independencia y la transparencia" su grupo no se opondría. Sin embargo, los nacionalistas catalanes mantienen "muchas certezas" sobre la falta de independencia de la autoridad, similares a las expresadas por los otros grupos.

Además, conlleva un nuevo coste para las comunidades autónomas a la par que "supone una limitación a su independencia presupuestaria y capacidad de acción", que podría incluso acarrear una "paralización de las políticas económico-presupuestarias" de los gobiernos regionales, mientras no condicionará en la misma medida la acción del Ejecutivo central.

RECHAZO AL FONDO DE LA LEY.

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón ha defendido que "una entidad con tanta capacidad para determinar y condicionar la política económica" debería garantizar la participación democrática dependiendo de las Cortes y no del Ministerio de Hacienda, y ha lamentado que la ley "no se queda ni en la independencia ni en la democracia sino en una especie de régimen corrupto" intermedio que en otras instituciones no ha funcionado.

Además, ha rechazado "el dogma fracasado" de la consolidación fiscal como solución a la crisis, que se consagra con esta nueva autoridad. "Parece bastante inapropiado que cuando una receta está fallando se imponga al resto de gobiernos futuros para que sigan aplicando esas recetas. Parece insensato", ha añadido, sugiriendo que la autoridad "no se obsesione con la consolidación fiscal" sino que tenga otros objetivos "de más alto alcance" como el empleo y que pueda proponer medidas en esa línea.

El diputado Emilio Olabarria, del PNV, ha comenzado ironizando con que "lo único mejor de esta ley con respecto a la (Ley Wert, debatida justo antes en el Congreso), es que ésta no se llama 'Ley Montoro'" y ha afirmado que no se trata "ni de una autoridad, ni es independiente y ni siquiera es fiscal". Asimismo, ha criticado que "de nuevo se produce una sistemática recentralización" que no respeta ni siquiera las especificidades de los regímenes forales.

"DEFUNCION" DE LA AUTONOMIA FINANCIERA DE LAS CC.AA.

La diputada de ERC Teresa Jordà cree que ley supone la "defunción definitiva de la autonomía financiera" de las comunidades. "Tendrían que avergonzarse", ha llegado a decir a los 'populares', apuntando que la Autoridad es "un nuevo organismo a la merced del Gobierno central" y para nada independiente. "Una vez más centralizar y homogeneizar, privatizar y recortar", ha añadido.

Olaia Fernández Davila (BNG) ha insistido en que la Autoridad es un nuevo intento de recentralización y de invasión de competencias autonómicas, y también ha dudado de su independencia por su "clara vinculación con el poder Ejecutivo central". Asimismo, ve "injusta" la tasa para financiar el nuevo organismo.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha avanzado que mantendrá vivas para el Senado sus enmiendas, pidiendo un cambio de nombre para que la Autoridad sea presupuestaria en lugar de fiscal, para que el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) emita informe previo favorable a los nombramientos de la Autoridad y también para clarificar los conceptos que se incluyen en la tasa.

Por último, Rafael Larreina (Amaiur) cree que el nuevo organismo "ni tiene autoridad moral para implantar las políticas impulsadas desde la troika, ni es independiente porque está nombrada por el Gobierno y es de irresponsabilidad fiscal". Y, además, no respeta la autonomía regional ni solucionará los problemas de España, que "no están en el gasto público sino en los ingresos".