Las comunidades autónomas empiezan a preparar el terreno para las próximas elecciones autonómicas de 2015 con anuncios de rebajas fiscales, bonificaciones y exenciones que, en algunos casos y una vez aplicados, apenas representarían un alivio real para el contribuyente.
El ejemplo más claro lo constituye el IRPF, cuya recaudación está cedida en un 50% a las CCAA. Según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), y de acuerdo con los datos de la renta del año 2011, una rebaja lineal de un punto en el tramo autonómico del IRPF apenas supondría un ahorro medio de 14,88 euros por año a cada contribuyente español.
Del mismo modo, si todas las comunidades autónomas optaran por poner en marcha una medida de este tipo, únicamente dejarían de ingresar 225,5 millones de euros en conjunto, frente a los 35.499 millones de euros que los gobiernos territoriales percibieron ese mismo ejercicio, en 2011, a cuenta del IRPF autonómico. Únicamente País Vasco y Navarra quedan fuera de estos cálculos, al tener transferidas todas las competencias de este impuesto.
Menos ingresos
A nivel individual esa merma de ingresos sí puede ser algo más significativa. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana dejaría de percibir 21,2 millones en un momento en que tiene pendiente un ajuste de 2.000 millones de euros para poder cumplir con el objetivo asimétrico que se le ha asignado (del 1,6 por ciento, frente al 3,52 al que cerró 2012).
Otro caso similar es el de Murcia. Una reducción de un punto en el tramo autonómico de la renta le supondría dejar de recibir 5,78 millones. Cada euro cuenta y la región tiene pendiente un ajuste de 400 millones de euros si quiere reducir el agujero de sus cuentas del 3,12 en que lo situó el año pasado al 1,59 al que está obligada.
Hasta ahora, algunas autonomías del PP habían prometido rebajas en el tramo autonómico del IRPF, que en ningún caso alcanzarían ese punto porcentual. Se llegó a especular con que Madrid pudiera aprobar una medida así, algo que su presidente, Ignacio González, negó, al insistir en que la región estaba concentrada en la elaboración de sus presupuestos para el año que viene y en que, de momento, no descartaban ninguna rebaja en ninguno de los tributos sobre los que tienen competencias, y que en el caso de la renta podría actuarse tanto sobre la tarifa, como sobre las deducciones.
Impacto mínimo
Lo cierto es que en los tramos más bajos de renta, el impacto de esa rebaja sería prácticamente imperceptible, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, primero porque, aunque haya muchos ciudadanos en esta situación, algunos ni tan siquiera están obligados a presentar la declaración (aquellos cuyos ingresos mínimos anuales no superen los 22.000 euros de un solo pagador). La medida "no dejaría de ser cosmética en ese caso". Mollinedo ve inviable que los gobiernos regionales anunciasen una rebaja lineal en todos los tramos del impuesto.
Las autonomías deben reducir su déficit a los objetivos asimétricos que se les han exigido. En conjunto, este año tienen que poner en práctica un ajuste de 3.000 millones de euros, tres veces superior al que deberá acometer el Estado.
El hecho de tener que continuar con los esfuerzos de consolidación supone que el margen de maniobra a nivel fiscal con el que cuentan los gobiernos autonómicos sea mínimo.
Mientras, Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) incide en que, pese a que el impacto no es tan directo como en el caso del IVA, la reducción de un punto en el tramo autonómico del IRPF no deja de suponer menos recaudación, que es algo que no pueden permitirse las comunidades que incumplieron sus objetivos de déficit, sobre todo, si a la vez pretenden mantener otro tipo de ayudas o subvenciones.
Las ayudas
De hecho, Jiménez considera que el Ejecutivo central debería impedir que las incumplidoras pudieran poner en marcha alguna medida de este tipo, pasando de las palabras a los hechos y haciendo uso de los mecanismos de intervención si así fuera necesario.
Lo contrario podría suponer que los ejecutivos territoriales echasen más leña al fuego en uno de los debates más intensos a nivel territorial, el de la solidaridad. En opinión de Jiménez, el principal problema que existe en relación al impuesto sobre la renta, al menos desde el punto de vista de las comunidades autónomas, es que "no existe una unificación de criterios", y esto se traduce a la larga en que algunos contribuyentes, y muy especialmente los de rentas más altas, optan por trasladarse de una autonomía a otra.
De momento, los últimos datos de déficit publicados por Hacienda, relativos al mes de agosto, evidencian que unas y otras van cumpliendo los objetivos, tanto el común (registraron un agujero del 0,7 frente al tope del 1,3 por ciento que se les ha impuesto para 2013), como el objetivo de déficit asimétrico que se asignó a cada una este ejercicio.
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