
Las tímidas razones para el optimismo en la economía española, esas que hacen pensar en una detención de la caída y un final de año con el PIB trimestral en positivo, se ven empañadas, según los expertos, por las alzas fiscales acometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Si bien los analistas apuestan por un mayor cerco al fraude fiscal -una de las debilidades persistentes en nuestra economía- lo cierto es que critican las subidas de impuestos e incluso recomiendan alguna relajación tributaria tanto en IVA como en IRPF, de modo que se pueda incentivar la demanda.
En este sentido se pronuncia el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles Miguel Ángel Bernal, quien discrepa de la política tributaria acometida por el ministro del ramo, Cristóbal Montoro. Bernal explica que en otras circunstancias, de pujanza en el consumo, sería más dudoso el cumplimiento de la curva de Laffer, es decir, ese mecanismo por el cual las subidas adicionales de impuestos no provocan alzas correlativas en la recaudación. Su veredicto es que en la actual situación de fragilidad económica las subidas tributarias han agravado la coyuntura o al menos impedido que repunte.
Coincide en esta apreciación el profesor y experto en Banca y Finanzas Juan Fernando Robles, quien alerta, además, de la amenaza de incumplimiento del déficit comprometido con Bruselas a cierre de ejercicio. Robles destaca, en la línea de Bernal, que las alzas impositivas han deprimido el consumo justo cuando la renta disponible ha caído. No en vano, los ajustes salariales y la carencia de crédito son factores que dificultan la vuelta a ritmos de consumo de la precrisis. "Habría que reducir más gastos superfluos", sentencia Robles.
A todo este escenario hay que añadir otro de los lastres que viene afectando al sistema tributario español. Como viene reiterando elEconomista, la capacidad recaudatoria de nuestro entramado fiscal es muy baja, pese a que individualmente la carga fiscal es elevada. Nuestros tipos nominales son de los más altos de Europa, mientras que el peso de los ingresos fiscales sobre el PIB es de los más bajos. En este sentido, el informe Política fiscal: un impuesto sobre la recuperación, elaborado por Freemarket Corporate Intelligence advierte de que el incremento de tributos impuesto por Hacienda no impedirá que la recaudación caiga en torno al 6,7 por ciento este año en relación al anterior.
El estudio incide en que España es el tercer país de la UE con un tipo marginal más elevado de IRPF, mientras que somos decimoterceros en PIB per cápita. Nuestro país tiene tipos impositivos más altos que Alemania, Francia, Italia o Reino Unido en todos los tramos. Sin embargo y, según cifras de Eurostat, apenas alcanzamos un 10 por ciento de recaudación de IRPF sobre PIB, frente al 13 por ciento de media en la UE-27. Subir el impuesto sobre la renta no ha sido la única decisión con un impacto regresivo en la economía que ha adoptado el Gobierno.
El desplome en el impuesto de Sociedades (en torno al 30 por ciento en lo que llevamos de año) también es una buena muestra de los defectos de la política tributaria. A ello se suma la fuerte presión fiscal que soporta el ahorro y que perjudica a los inversores en general y a las familias en particular.
Por otra parte, los expertos temen que el aumento del IVA haya supuesto un incentivo al fraude. El Área de Estudios y Análisis Económicos de La Caixa estima que en 2013 la economía sumergida equivaldía en España al 18,6 por ciento del PIB, incluyendo el empleo no declarado y el registro inadecuado de ingresos por ventas y prestaciones de servicios. Este porcentaje contrasta con el 13 por ciento que registraría Alemania o el 10 por ciento de Francia o Reino Unido. El fraude laboral podría situarse en el entorno del 8 por ciento en nuestro país.
El lastre del desempleo
Este ámbito, el laboral, supone otra de las grandes rémoras de la recuperación. Pese a los primeros efectos positivos de la reforma laboral, la tasa de paro se mantiene en niveles históricamente altos, en el 26,6 por ciento de la población activa y, ante la pérdida, además, de cerca de 100.000 afiliados en agosto no son pocos los economistas que reclaman medidas más profundas y con un mayor impacto sobre nuestro mercado de trabajo. Según las últimas cifras de las que se tiene constancia, España es, igualmente, uno de los países de la OCDE donde la afiliación sindical es más baja (fue del 15,9 por ciento en 2011, frente al 17,5 por ciento de media en los países que conforman la organización).
A todo esto hay que sumar un marco regulatorio que, en ocasiones, lastra la competitividad de las empresas. El Institute for Management Development (IMD) de Lausana elabora un índice que mide esta variable y según el cual nos encontramos en el puesto 52 del total de 60 estados analizados. Por detrás de nosotros sólo figuran tres países de la Unión Europea: Eslovenia, Italia y Bulgaria.
La situación del mercado de trabajo y la incertidumbre que áun rodea las perspectivas económicas han desembocado en un proceso todavía más complejo, la llamada "fuga de cerebros" o "pérdida de talento". Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las personas que el año pasado tomaron la decisión de buscar oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras sumaron más que en ningún otro ejercicio de la crisis, 476.748 ciudadanos, un 16,5 por ciento más que el año anterior.