MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
APPA Biocarburantes valora negativamente las propuestas aprobadas ayer por el pleno del Parlamento Europeo de aplicar a partir de 2020 valores de cambio indirecto del uso de la tierra (CIUT) en el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los biocarburantes, así como de limitar la utilización de biocarburantes convencionales al 6% del consumo de energía en el transporte a partir de ese mismo año.
En concreto, la Eurocámara propuso limitar al 6%, frente al objetivo actual del 10%, el uso de biocarburantes elaborados con cultivos alimentarios en el sector del transporte, en una decisión con la que responde a las críticas a su política de renovables por contribuir a la subida de los precios de los alimentos y a la deforestación.
Las propuestas "resultan hoy por hoy injustificables ya que, como han puesto de manifiesto en los últimos meses múltiples estudios, los modelos desarrollados para calcular el CIUT carecen de la certidumbre científica suficiente para adoptar medidas regulatorias de este calibre", afirma en un comunicado el presidente de la asociación, Oscar García.
APPA Biocarburantes ve bien la propuesta de establecer objetivos obligatorios, del 0,5% en 2016 y del 2,5% en 2020, para aquellos biocarburantes más avanzados en términos medioambientales, pero considera también injustificable que entre las materias primas utilizables se hayan excluido los aceites de cocina usados y las grasas animales.
El sector, indica la nota, "espera que el Consejo de la Unión Europea, que deberá evaluar la propuesta aprobada ayer por el Parlamento, proceda a corregir estos errores con el fin de adoptar una posición más fundamentada y equilibrada".
"De lo contrario", asegura, "se estaría poniendo en peligro la continuidad de la industria europea de biocarburantes, que ha invertido miles de millones de euros y creado miles de puestos de trabajo confiando en las políticas públicas de fomento de su consumo puestas en marcha en la UE en la última década".
Junto a esto, la asociación asegura que se ha producido "una vez más" un "trato discriminatorio" y se ha incurrido en "inconsistencia regulatoria" al imponer a los biocarburantes exigencias adicionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que no se aplican a la industria petrolífera.
