MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La diputada socialista por Pontevedra María del Carmen Silva critica que el Ministerio de Hacienda esté obligando a los jubilados que tienen una pensión en otro país a presentar declaraciones complementarias de la Renta desde el año 2008 por no haber incluido esos ingresos, y cree que el origen de este problema es el "desbarajuste informativo" de la Agencia Tributaria (AEAT), que en un primer momento dijo a los afectados que no era necesario declarar esas cuantías.
En una pregunta escrita al Gobierno, que recoge Europa Press, la diputada gallega reprocha así que se esté planteando la posibilidad incluso de sancionar y aplicar intereses de demora a estos jubilados, lo que podría llevarles a tener que abonar cuantías que "prácticamente ningún ciudadano puede afrontar actualmente con la situación económica que atraviesa el país", como algunas que ya se han reclamado "de hasta 15.000 y 20.000 euros por los ejercicios de 2008 a 2012, contra pensiones que, por regla general, no llegan a los 1.500 euros".
"Y todo pese a que la no declaración de esta pensión se ha debido a las propias instrucciones que los retornados recibían en las oficinas provinciales de la Agencia Tributaria: Cuando un ciudadano retornado acudía a esas oficinas se le aseguraba que no tenía que incluir los ingresos provenientes de pensiones de jubilación del exterior en la Declaración de la Renta", acusa Silva, que asegura que esas "contradicciones" todavía persisten.
CONTRA UN COLECTIVO "DEBIL"
Así, la diputada pregunta al Ejecutivo si "de verdad considera que puede hacer responsables de la mala información recibida, que es el origen de esta anomalía, al colectivo de emigrantes, la parte más débil en todo este conflicto" y al que a su entender se está "castigando injustamente".
"Es absolutamente necesario buscar algún tipo de solución que permita paliar o eliminar los daños y trastornos económicos que estos requerimiento están causando, especialmente las multas impuestas por seguir, precisamente, las indicaciones de las delegaciones de la Agencia Tributaria", reclama Silva.
Un posibilidad sería, como se ha publicado, que la Agencia Tributaria "estudiara caso por caso" antes de decidir si sanciona o no, aunque la socialista se pregunta "qué criterios se aplicarán a la hora de decidir quién actuó de buena o mala fe al presentar las declaraciones de la renta".
Por último, pregunta por el número de personas que se podrían ver afectadas por esta situación, y recuerda que este colectivo recibe una pensión mínima en el exterior y también en España, por lo que el "desbarajuste informativo" de la Agencia Tributaria constituye una "nueva discriminación hacia los retornados españoles".
NO ELIMINAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS
También la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ha interesado por este asunto y por ello ha presentado, para su debate en la Comisión de Presupuestos del Congreso, una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que no anule los complementos a mínimos a los pensionistas cuyo cónyuge tenga derecho a percibir una prestación de jubilación en otro país que sea de cuantía inferior al complemento.
La coalición recuerda en su iniciativa, que recoge Europa Press, que en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 se modificó uno de los requisitos para considerar que existe un cónyuge a cargo con dependencia económica a efectos de poder percibir los complementos para mínimo en las pensiones de la Seguridad Social.
Este cambio afecta fundamentalmente a quienes, "por circunstancias económicas", emigraron durante un periodo de su vida y ahora tienen derecho a cobrar una pensión "en algunos casos raquítica" en su país de acogida. Pensiones que "en muchas ocasiones son inferiores" al complemento a mínimos que reciben sus parejas pero que están provocando su retirada por parte del Gobierno.
"Debido a lo expuesto, los perceptores de estas raquíticas pensiones están intentando en algunos casos renunciar a su cobro para que, al volver a cumplir los requisitos, sus parejas puedan volver a acceder a la percepción del complemento de mínimos retirado, trámite que no están pudiendo realizar por no permitírseles la renuncia", añade la Izquierda Plural.
Por eso, pide que se revise esta previsión de la Ley de PGE 2013 para "evitar la extinción del derecho al complemento para mínimos de pensionistas con cónyuge a cargo cuando este último es titular de una pensión reconocida por otro Estado y su cuantía es inferior al complemento que se dejaría de percibir".
Hasta entonces, IU-ICV exige que se paralicen todas las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro de estos importes.
