Lo importante en el Gobierno de Rajoy empieza a ser también la foto. El Pacto por la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, sirvió al presidente en bandeja el pasado día 30 de julio es una declaración de intenciones que, de cumplirse a rajatabla, ataría de pies y manos a las comunidades autónomas para reducir su principal partida presupuestaria de gasto e impediría cumplir el nuevo objetivo de recorte del déficit autonómico en 4.200 millones de euros.
Más allá de la solemne puesta en escena del presidente en La Moncloa con los representantes de más de medio millón de médicos y enfermeros, los acuerdos recogidos en los documentos suscritos con ambos pretenden marcar las líneas rojas del SNS sin contar con las comunidades, que conocieron el contenido del Pacto el mismo día que firmaron a pesar de ser responsables de la gestión sanitaria.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, reveló el alcance real del documento un día después, para pedir al Gobierno central una financiación "suficiente y estable" para costear la sanidad, "tal y como recoge el Pacto nacional", subrayó sin mucho convencimiento, ya que Madrid fue una de las cuatro regiones que esa misma tarde votó en contra de los topes de déficit a la carta. "Me imagino que el Ministerio de Sanidad ya tendrá hablado con Hacienda para que se reflejen unas asignaciones estables y suficientes para costear la sanidad pública que prestamos las comunidades", dejó caer un Fernández-Lasquetty que recordó que la sanidad absorbe el 40 por ciento de las cuentas regionales.
A nada obliga el Pacto por la Sanidad si no se suman las regiones. Acordar así el objetivo de "definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal", además de garantizar "un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera de servicios del SNS" no es más que puro voluntarismo, cuando las diferencias autonómicas son hoy ya tan pronunciadas. El gasto sanitario público del País Vasco ascendió así a 1.632 euros por persona en 2011, frente a los 1.121 euros de Andalucía, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad.
Garantías profesionales
Está también por ver a qué compromete "garantizar, en el contexto actual, las condiciones básicas de los profesionales, dentro del SNS que sean competencia del Estado", que excluiría nuevos recortes salariales o laborales e incluso la privatización de la gestión sanitaria impulsada por Madrid, según la lectura hecha por el sindicato médico CESM, uno de los firmantes.
Uno de los puntos firmados establece que la contratación con instituciones o centros privados se lleve a cabo "con los requisitos, condiciones y estándares de calidad previstos en la Ley General de Sanidad, y normativas de contratación pública y disposiciones de desarrollo, optimizando siempre los recursos propios del sistema sanitario público". O "garantizar una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos", cuando las medidas adoptadas por el Ministerio han hecho del modelo menos universal, público y gratuito. El propio Rajoy se justificó al señalar que "han sido decisiones difíciles, pero había que tomarlas", antes de añadir que "nada se podría haber hecho con la amenaza de la quiebra", que planeaba sobre una sanidad que no pagaba sus facturas y debía cerca de 16.000 millones de euros a sus proveedores en 2012.
Son algunos de los acuerdos de un texto cuyo primer objetivo es lograr un Pacto por la Sanidad que sigue siendo una quimera política. El portavoz socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, torpedeó el mismo día de la firma el Pacto al pedir, como primera condición para sumarse, la derogación del decreto que reformó el sistema de copago farmacéutico e introdujo un nuevo modelo de aseguramiento.
Tras esto el Gobierno empeña su palabra con médicos y enfermeros para sacar adelante una ambiciosa agenda de demandas profesionales en el área de recursos humanos que llevan muchos años encalladas o respetar el papel de los colegios en su registro de profesionales. Así ven plasmados en el Pacto sus principales reivindicaciones. Tal vez por ello, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, puso énfasis en que "vamos a cumplir y les pedimos que cumplan", durante su intervención en la firma. Poco después, el presidente de la Organización Médica Colegial hizo lo propio: "no es lo más importante la foto de este acto, sino el compromiso y lealtad para desarrollarlo", subrayó Juan José Rodríguez Sendín. El énfasis puesto por médicos y enfermeros en el cumplimiento de los compromisos firmados puede indicar las dudas de este colectivo sobre la fiabilidad de estos acuerdos.
Ninguna CCAA tiene garantizada la sanidad pública
