Economía

Bruselas impulsa la puesta en marcha de la Fiscalía Europea

Ruiz-Gallardón da su apoyo a esta iniciativa del Colegio de Comisarios para combatir el fraude presupuestario de la UE

Bruselas prepara estos días la normativa que regulará la futura Fiscalía Europea, que tendrá un mandato muy definido: investigar, denunciar y, cuando proceda, llevar a juicio, en los tribunales de los Estados miembros, los delitos que afecten al presupuesto de la UE, puesto que hoy en día, los actuales organismos de la UE, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), la Unidad Europea de Cooperación Judicial (Eurojust) o la Oficina Europea de Policía (Europol) no tienen competencia para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude.

Así lo informa esta semana Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, que revela que los Estados miembros de la Unión Europea informan cada año de que se pierden unos 500 millones de euros de gastos e ingresos comunitarios debido a presuntos fraudes. No obstante, se calcula que el importe real del fraude sobre el Presupuesto Europeo es muy superior, puesto que las cifras de la ocultación notificada no pueden incluir el fraude no detectado, de manera que la cifra global es probablemente mucho más alta. Por ello, la Comisión Europea ha puesto en marcha la maquinaria para crear una Fiscalía Europea que permita el procesamiento en toda la Unión Europea de los delincuentes que engañan a los contribuyentes de la UE.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado a través de una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, su apoyo a la propuesta legislativa de crear una Fiscalía Europea, adoptada el pasado día de 17 de julio por el Colegio de Comisarios. En su misiva, Ruiz-Gallardón expresa su satisfacción ante "la creación de este órgano vital para la lucha contra el crimen transfronterizo grave dentro de la Unión Europea", medida que España ha defendido de manera decisiva desde su inclusión en el artículo 86 del Tratado de Lisboa.

En sus informes, la Comisión Europea revela que en un caso, la Olaf comunicó a las autoridades búlgaras y alemanas información sobre ciudadanos de sus países que, presuntamente, habían actuado en connivencia para dar un uso fraudulento a un fondo de desarrollo agrícola y rural de la UE. Mientras que el proceso alemán se tradujo en una sentencia condenatoria, los sospechosos fueron absueltos en el búlgaro, de manera que el sistema dio lugar a sentencias diferentes en un asunto transfronterizo.

Derecho vigente en el país

La Fiscalía Europea tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los integrantes del Ministerio Público europeo con rango de delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho que esté vigente en el país.

Las acciones de este órgano las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos. La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales.

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