La organización agraria COAG responsabilizó hoy al Ministerio de Sanidad de la falta de control en las fronteras, que permite casos como el ocurrido con el aceite de girasol, mientras que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) pidió que se conozcan los nombres de empresas y marcas que lo comercializaron.
VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
En un comunicado recogido por Europa Press, COAG Castilla y León responsabilizó, por una parte, a Sanidad por la falta de control en frontera sobre las importaciones, y por otra parte, a determinadas empresas de transformación "sin escrúpulos, que especulan con productos baratos y sin garantías provenientes de países terceros".
La organización considera que la liberalización de los mercados "relaja" los sistemas de control de calidad y seguridad alimentaria, aprovechan algunas empresas de transformación y de distribución para introducir en el mercado español productos y materias primas baratas desde terceros países, que en la mayoría de los casos no cumplen con los estándares de calidad ni con las garantías higiénico-sanitarias que se aplican a las producciones internas.
"Gracias a estas prácticas, estas empresas incrementan notablemente sus márgenes de beneficio, que acabamos pagando los productores y los consumidores", indicó el sindicato agrario, que recordó que ya ha denunciando "reiteradamente" las insuficientes garantías y controles que se realizan en las fronteras, que se limitan en muchos casos a certificados de calidad expedidos en los países de origen, que ofrecen "poca o ninguna garantía", algo que contrasta con las "enormes exigencias de trazabilidad" a las que se somete a las producciones y a los agricultores en España.
En esta línea, COAG confirmó que tanto la producción de pipa como el aceite de girasol español cumplen con todas las garantías sanitarias, por lo que advirtió de que no tolerará "ningún juego especulativo que pretenda aprovechar la coyuntura actual para bajar el precio a los cultivadores". La importancia del sector del girasol en Castilla y León es "manifiesta", indicó la organización, que cifró en 180.000 hectáreas y 212.000 toneladas la producción, lo que significan el 30 por ciento de la superficie y de la producción nacional en 2007-08.
ACLARACIONES Y "NOMBRES".
Por su parte, UPA exigió al Ministerio de Sanidad que aclare "escrupulosamente" y con todo lujo de detalles lo ocurrido con la partida contaminada de aceite de girasol procedente de Ucrania.
La organización aseguró que quiere conocer cuáles son las empresas envasadoras y quién ha realizado la distribución para su posterior comercialización sin las garantías necesarias, teniendo en cuenta que se trata de un producto alimenticio de primera necesidad.
El hecho de que tras dos días en los que se ha recomendado no consumir este producto se haya levantado ahora la restricción es positivo en sí para la organización, aunque lamentó la alarma creada por el Ministerio de Sanidad a lo largo de más de 48 horas y que a pesar de las continuas peticiones a las autoridades competentes al respecto, desde hace años no se esté dando la máxima garantía a los consumidores en situaciones como la ocurrida estos días.
"En nuestra opinión la sociedad carece de la información necesaria para conocer la procedencia del producto, ya que en ningún momento aparece en las etiquetas el lugar de producción del aceite, dato éste que es imprescindible para identificar el producto", indicó la organización.
UPA condenó "contundentemente" estas prácticas protagonizadas por empresas "sin perjuicios, que son capaces de especular a costa de los agricultores y lo que es más grave de los propios consumidores, sin preocuparles lo más mínimos las garantías sanitarias".
Al igual que COAG, UPA recordó que la organización agraria ha exigido en diversas ocasiones desde hace años una exhaustiva identificación y trazabilidad con los aceites de girasol importados, en la misma línea de los controles rigurosos a los que se someten al producto autóctono.
Sin embargo, calificó de "sorprendente" que estas peticiones hayan caído en saco roto y que tengan que ocurrir hechos como los de los últimos días para empezar a valorar dichas actuaciones, cuando por otro lado "es un derecho de los consumidores".
Además, UPA afirmó que la confianza de los consumidores sólo se conseguirá actuando con absoluta transparencia y haciendo públicos los nombres de las empresas responsables de estas prácticas.
Por ello, considera prioritario aclarar todo en este sentido, porque cree que no se puede condenar al resto de operadores que actúan con responsabilidad y legalidad, y que son víctimas también del lamentable comportamiento de empresarios irresponsables que atentan contra los intereses de un sector productor tan importante como el del girasol para Castilla y León y contra los propios consumidores.
