El ministro de Asunto Exteriores, José Manuel García Margallo, ha anunciado que, junto a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, habrá cambios en la actual Ley del Juego, que permite que se mantengan buena parte de los servidores de los casinos online en la colonia británica, lo que dificulta el control de clientes y permite una tributación relajada a las operadoras, que mayoritariamente han optado por instalarse en el territorio del Peñón. España y Reino Unido arreglarán sus diferencias.
La normativa española no prevé la ubicación de los servidores en ningún país determinado, de manera que pueden estar indistintamente en España o en Gibraltar, lo que para un amplio sector de los inspectores de Hacienda españoles genera sombras sobre el manejo que se pueda realizar de las bases de datos de clientes.
Un simple cambio en la normativa española que obligase a mantener los servidores dentro del territorio del Estado para que las Autoridades puedan proceder a su revisión, bastaría para que los operadores con licencia abandonasen Gibraltar o dejasen de operar en territorio español.
Una larga planificación
El Gobierno sospecha que el lanzamiento de los bloques de hormigón en el caladero que emplean desde hace siglos los pescadores de la Línea tiene como principal objetivo, por parte del Ejecutivo del Peñón, despejar la zona de barcos pesqueros para tirar un cable submarino de telecomunicaciones de 3,83 terabytes y 15.000 kilómetros de largo, que unirá Reino Unido y Gibraltar, posándolo sobre el fondo del mar en profundidades mayores de 1.000 metros y enterrado con arado en profundidades menores.
Con la operación de tendido del cable submarino, que viene planificándose desde 2009, el Ejecutivo del Peñón pretende lograr la independencia tecnológica de España, lo que en la Roca consideran vital para el desarrollo económico y tecnológico de su sector de servicios al juego online. El sistema permitirá a la colonia potenciar y asegurar la conexión, con tecnología de última generación, de su sistema financiero y su comercio electrónico, entre ellos los numerosos casinos online que tienen albergados en Gibraltar sus servidores.
En 2010, la coalición liberal socialista de Gibraltar, en la oposición en aquel momento, denunció que el Gobierno español había logrado imponer sus tesis para desviar la ruta internacional del cable, bajo el argumento de que podría afectar a una zona protegida medioambientalmente situada en las aguas en disputa.
En el momento de concesión de las licencias de juego, en 2012, los operadores trataron de mezclar las tensiones creadas por la visita del Príncipe Eduardo a Gibraltar con motivo del 60 aniversario del ascenso de la Reina Isabel al Trono, con la exigencia de Hacienda del pago de más de 100 millones de euros a las empresas de juego online.
Esta reclamación correspondía a los impuestos que las empresas no abonaron antes de mayo de 2011, gracias a un vacío legal que les permitía tramitar desde Gibraltar apuestas de ciudadanos españoles sin pagar las tasas que si pagaban los operadores de juego presencial en España.
Gibraltar es un coladero fiscal
