
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, advirtió ayer al Gobierno de Gibraltar que "se ha acabado el recreo de la época de Miguel Ángel Moratinos", en alusión a su predecesor en el cargo.
En otras palabras, el canciller estudia presionar a la colonia británica a través de nuevas leyes como la creación de una tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón, además de la puesta en marcha de inspecciones fiscales a miles de gibraltareños que tienen propiedades en España.
La mencionada tasa fronteriza afectaría a turistas y llanitos que cruzan la frontera para trabajar y constituye la última respuesta del Gobierno español a las últimas tensiones que surgieron hace 10 días. Entonces barcos gibraltareños comenzaron a lanzar bloques de cemento al mar con objeto, supuestamente, de crear un arrecife artificial para impulsar los caladeros.
España dijo que el arrecife bloquearía el acceso de sus barcos pesqueros e intensificó los controles fronterizos, creando largas colas en la frontera entre España y el territorio. Por ese motivo el viernes pasado, el Ministerio de Exteriores británico llamó a consultas al embajador español en Londres.
Españoles escépticos
Atrapados entre los tiras y aflojas de los Ejecutivos británico y español, los trabajadores españoles en Gibraltar temen que el conflicto afecte a sus empleos y a las relaciones de vecindad.
Manuel Márquez, delegado de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Astecg), expresó ayer el malestar y la "indignación" por la situación actual. "Somos trabajadores, no políticos, y lo que queremos es trabajar en paz". Señaló que a causa de las largas colas que en la verja son muchos los ciudadanos que optan por acceder al Peñón andando y ha insistido en su temor a "perder el empleo".